LA SERENA.– El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dictó sentencia condenatoria en contra de los principales involucrados en el millonario fraude perpetrado al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMCGGV), imponiendo penas que alcanzan los ocho años de presidio efectivo por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos.
Tras un mes de juicio oral y la revisión de un contundente set de pruebas presentado por el Ministerio Público y las partes querellantes, el tribunal resolvió condenar a un total de 13 personas. En el fallo, los magistrados descartaron el delito de asociación ilícita criminal, al estimar que no se acreditaron los elementos jurídicos para configurar dicha organización.
La resolución judicial diferenció las responsabilidades de los involucrados, determinando que dos exfuncionarias de la corporación estatal cometieron el delito de fraude al fisco en su calidad de empleadas públicas. En tanto, los demás implicados fueron sancionados por el delito común de fraude de prestaciones estatales.
El modus operandi y el monto defraudado
De acuerdo con los antecedentes validados en el fallo, la maquinaria defraudatoria operó entre diciembre de 2019 y el año 2021. El mecanismo consistió en la emisión de boletas de honorarios e informes de actividades ideológicamente falsos, documentos que eran presentados para cobro sin haber realizado contraprestación alguna.
A través de esta modalidad, los condenados lograron percibir pagos improcedentes que generaron un perjuicio fiscal total de $762.778.091. Asimismo, la justicia acreditó el delito de lavado de activos, tras comprobarse que los involucrados realizaron diversas maniobras financieras para ocultar y blanquear el origen ilícito de los dineros.
Las condenas y penas efectivas
Las sanciones más severas recayeron sobre quienes la investigación sindicó como los líderes y principales responsables del esquema:
- Nicole Cadena y Bélgica Guerra: Condenadas a ocho años de presidio efectivo por fraude al fisco y lavado de activos. Específicamente, Guerra sumó una pena de cuatro años de presidio mayor en su grado máximo e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Ambas exfuncionarias deberán pagar, además, una multa equivalente a la mitad del monto total defraudado.
- Cristian Muñoz: Cónyuge de una de las principales sentenciadas, recibió una pena de siete años de presidio efectivo.
A todos ellos se les abonará el tiempo que alcanzaron a cumplir bajo medidas cautelares privativas de libertad durante la investigación (aproximadamente 540 días).
Por su parte, los otros diez condenados —conocidos en la carpeta investigativa como los «boleteros»— recibieron penas que oscilan entre los 840 y los 1.082 días de presidio. Sin embargo, por cumplir con los requisitos que estipula la ley, el tribunal les otorgó el beneficio de la remisión condicional, permitiéndoles cumplir la sanción en libertad bajo la sujeción de Gendarmería.
Absoluciones y decomiso de bienes
El tribunal absolvió unánimemente a los imputados del cargo de asociación ilícita. De igual manera, las exfuncionarias fueron absueltas del delito de falsificación y uso malicioso de documento público; el dictamen determinó que los informes cuestionados eran de carácter privado y que dicha conducta ya se encontraba subsumida dentro del delito de fraude al fisco, evitando así una doble penalización.
Finalmente, la sentencia decretó el decomiso definitivo de diversos vehículos y propiedades de los condenados, al comprobarse su vinculación directa con las ganancias del ilícito. En la misma línea, se alzaron las medidas cautelares que afectaban a los imputados que resultaron absueltos del proceso, entre ellos Seura Bugueño.
