El ruido metálico en la madrugada rara vez augura algo bueno. Para muchas familias, ese sonido sordo seguido del silbido del agua escapando a presión o el inconfundible y peligroso olor a gas, se ha convertido en la banda sonora de una nueva crisis de seguridad. Lo que antes parecía un delito menor, hoy es una industria ilícita a escala que está dejando a miles de hogares sin servicios básicos.
El reciente caso en la comuna de El Bosque, donde la sustracción de un medidor terminó en una fuga de agua de proporciones mayores, fue solo la gota que rebalsó el vaso. Hoy, este fenómeno ha mutado en una plaga silenciosa que golpea sin tregua a las grandes áreas urbanas del país.
Una Conurbación en la Mira
Las cifras revelan un panorama alarmante que ya no distingue regiones. En la región de Valparaíso, la empresa sanitaria Esval encendió las alertas al registrar cerca de 400 hurtos de medidores de agua. A esto se suma el crítico escenario del suministro de gas, donde las denuncias por robo de infraestructura han experimentado un explosivo incremento del 57% solo en lo que va del año, superando con creces los números de todo el 2025.
Pero el problema no se detiene ahí. Este flagelo afecta también constantemente a la conurbación de La Serena-Coquimbo, donde los vecinos han denunciado incansablemente cómo bandas organizadas recorren los barrios durante la noche, extrayendo las piezas de bronce y cobre en cuestión de segundos. El despertar para estas familias es siempre el mismo: calles anegadas, cortes de suministro, angustia y el costo burocrático de reponer el equipo.
¿A Dónde Van a Parar?
La gran interrogante que ronda en las calles y que ahora hace eco en el Congreso es el destino de estos aparatos. La rápida reducción de los medidores sugiere una red bien articulada que los comercializa en mercados informales o, lo que es aún más grave, en comercios establecidos de compra de metales que hacen la vista gorda ante la procedencia del material.
Ante la nula trazabilidad de estos elementos, la política decidió tomar cartas en el asunto. Los diputados del PNL, Erich Grohs y Germán Verdugo, anunciaron que llevarán esta crisis a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados mediante la solicitud de una sesión especial.
“El robo de medidores de agua potable no puede seguir siendo tratado como un hecho aislado. Es un problema que afecta directamente a las familias, interrumpe un servicio básico y podría estar alimentando un mercado ilegal que debe ser investigado con seriedad”, sentenció el diputado Grohs.
Exigiendo Respuestas a las Sanitarias
La ofensiva parlamentaria no solo apunta a mejorar el patrullaje policial, sino a sentar en la mesa a los actores clave: las empresas sanitarias y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
El diputado Verdugo fue enfático en la necesidad de exigir responsabilidad a toda la cadena:
“Queremos que las sanitarias y la autoridad reguladora expliquen qué acciones concretas están tomando. Si estos elementos terminan revendidos en el comercio ilegal o incluso en lugares establecidos, estamos frente a una cadena que debe ser fiscalizada de principio a fin”.
Lo que se espera de la sesión especial:
- Coordinación interinstitucional: Unir esfuerzos entre policías, fiscalía, sanitarias y la SISS.
- Trazabilidad: Implementar mecanismos para rastrear y fiscalizar la venta de metales y medidores.
- Prevención: Entregar mayor seguridad y protocolos claros a los vecinos afectados.
Mientras el Congreso prepara la citación, en los barrios de El Bosque, en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, y en las calles de la conurbación La Serena-Coquimbo, los vecinos siguen durmiendo con un ojo abierto, esperando que la próxima madrugada no sea su cuadra la que amanezca bajo el agua.
