Una orden de no innovar dictada por la Corte de Apelaciones logró paralizar, temporalmente, el desalojo y demolición de las viviendas de cinco familias radicadas en el sector Ferroviaria de Mallacun, en la localidad de El Tambo Centro, en la comuna de Salamanca.
El conflicto se originó el pasado 2 de junio, cuando la municipalidad liderada por el alcalde Carlos Lillo emitió una orden de demolición argumentando ocupación irregular, facultando a la empresa Ferronor S.A. para exigir el abandono del lugar en un plazo de 15 días. Sin embargo, los afectados, que suman 12 personas —incluyendo adultos mayores y menores de edad—, acusan una profunda injusticia, ya que fueron reubicados en esos terrenos por las propias autoridades de la época tras los temporales de la década de 1980.
Jorge Salazar, vocero de los vecinos, expresó la vulnerabilidad que sienten: “Llevamos más de 40 años viviendo en este sector… fuimos reubicados en el año 1985. Que el actual alcalde nos quiera desalojar es muy injusto”.
La paralización de la medida fue posible gracias a un recurso de protección presentado con el respaldo de la diputada Carolina Tello. La parlamentaria hizo un llamado urgente al diálogo: “Creemos que es muy importante que se efectúen conversaciones y se llegue a una solución para las familias”. Por el momento, la medida judicial congela la orden de desalojo por un periodo que podría extenderse entre uno y tres meses, a la espera de que se revise el fondo de la acción legal.
