SALAMANCA. — La Municipalidad de Salamanca presentó formalmente una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Illapel, tras identificar presuntas irregularidades administrativas y financieras que ascienden a más de $1.400 millones de pesos. La acción legal, anunciada por el alcalde Carlos Lillo, se sustenta en los resultados de una auditoría externa forense y observaciones emitidas por la Contraloría General de la República, correspondientes al periodo 2023-2024.
Antecedentes y alcance de la querella
La presentación judicial apunta a quienes resulten responsables de los hechos ocurridos bajo la administración municipal anterior, liderada por el exalcalde Gerardo Rojas Escudero. El abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien lidera la representación jurídica del municipio, explicó que los antecedentes recabados evidencian anomalías en tres áreas críticas:
- Gestión de personal.
- Uso y administración de recursos públicos.
- Ejecución de programas municipales.
Según precisó el abogado, será el Ministerio Público el organismo encargado de tipificar los delitos, los cuales podrían configurarse como malversación de caudales públicos o fraude al Fisco, además de determinar el grado de participación de los funcionarios involucrados y gestionar las medidas necesarias para la recuperación del patrimonio fiscal.
Posición de la actual administración
El alcalde Carlos Lillo subrayó que esta medida responde estrictamente a un mandato de transparencia y probidad. “Esto no responde a motivaciones políticas o personales. Mi deber, como autoridad comunal, es resguardar los recursos que pertenecen a todos los habitantes de Salamanca y garantizar que cada peso sea utilizado correctamente”, señaló la autoridad.
Lillo recordó que la auditoría externa fue un compromiso adquirido al inicio de su gestión, la cual ha priorizado, durante los últimos siete meses, un ordenamiento financiero integral para fortalecer el control interno municipal.
Próximos pasos
La investigación quedará en manos de la Fiscalía de Illapel, donde se espera que unidades especializadas en anticorrupción lideren una indagatoria rigurosa. El equipo jurídico municipal manifestó su plena disposición para colaborar con el Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades penales y administrativas que correspondan.
