CRÓNICA: El desmantelamiento de la Fundación de las Familias: La batalla judicial del puerto frente al “plan de salida” de Santiago
Por: Equipo de Prensa RRC Noticias
La Parte Alta de Coquimbo no es un sector fácil; es un territorio histórico, de esfuerzo, pero también marcado por la vulnerabilidad y la etiqueta de “zona roja” que el centralismo suele colgarle desde la distancia. En ese entramado de pasajes y cerros, la sede de la Fundación de las Familias no es solo un inmueble fiscal: para más de un centenar de vecinos, niños y adultos mayores, representa, literalmente, la única presencia tangible y protectora del Estado en el barrio.
Por eso, el anuncio de su cierre definitivo golpeó con la fuerza de un temporal. Lejos de resignarse a ver las cadenas puestas en las puertas de su centro comunitario, la comunidad organizada del puerto decidió dar la pelea en los tribunales, abriendo un fuerte gallito político y social con el Gobierno de Santiago.
El desembarco en la Corte: “Nos están quitando el derecho a la vida”
La jornada de este miércoles quedó marcada por el peregrinaje de dirigentes sociales, vecinos y parlamentarios locales hasta las escalinatas de la Corte de Apelaciones de La Serena. El objetivo fue unánime: ingresar un recurso de protección con orden de no innovar en contra de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, apuntando a frenar un tijerazo programático que amenaza con extinguir no solo el centro de Coquimbo, sino otros 40 recintos a lo largo del territorio nacional.
La acción legal acusa una “arbitrariedad” nacida tras un oficio de recorte presupuestario de 525 millones de pesos visado por el Ministerio de Hacienda.
Para los usuarios, la pérdida es humana y emocional, antes que presupuestaria. “Nosotros venimos aquí porque para nosotros es un gran aliciente salir de nuestros hogares, salir de nuestros problemas y aquí poder participar socialmente”, relató con evidente emoción Juan Roa, adulto mayor de la Parte Alta que estampó su firma en el recurso.
A su lado, Cristian Morales, secretario de la Junta de Vecinos Ánima del Quisco, aportó el peso de la historia viva: “Tengo 39 años y asisto desde los 8. Soy una de las personas que rescató la Fundación de las Familias”. El sentir es colectivo: en un sector complejo, la fundación ha sido un escudo contra la deserción y la delincuencia a través del deporte, talleres de cocina, huertos y estimulación infantil.
La respuesta de Santiago: Crisis financiera y el “modelo insostenible”
A cientos de kilómetros del puerto, en los pasillos ministeriales de la capital, la lectura es estrictamente técnica. Tras el revuelo causado por la ofensiva judicial coquimbana, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof) rompió el silencio para defender la polémica medida.
Desde la cartera explicaron que la Fundación de las Familias —institución nacida originalmente en 1990 bajo el impulso de la exprimera dama Leonor Oyarzún— arrastra un “complejo escenario financiero por años”, sepultada por rebajas presupuestarias sucesivas que volvieron el modelo operativo completamente insostenible en el tiempo.
Para calmar las aguas y asegurar que las comunidades vulnerables no quedarán en el abandono absoluto, el Ejecutivo destapó su plan de contingencia. Según el Midesof, las llaves no se pasarán de un día para otro: se ejecutará un cierre progresivo y gradual entre los meses de junio y julio de este año.
La gran apuesta de Santiago para salvar los espacios físicos consiste en negociar y gestionar el traspaso directo de la infraestructura y los equipamientos a las municipalidades locales. En el papel, la idea es que alcaldías como la de Coquimbo absorban las sedes y continúen dictando los talleres y programas bajo administración municipal. Además, prometieron un sistema de “soporte digital de emergencia” de modalidad remota centralizada desde el CIFAM para dar acompañamiento virtual a los usuarios durante la transición.
El “plantón” regional y la desconfianza del puerto
Sin embargo, el diseño de contingencia elaborado en Santiago cruje cuando intenta aplicarse en la realidad de la Región de Coquimbo. Las respuestas del nivel central no logran apaciguar los ánimos locales, y la desconfianza reina entre las autoridades de la zona.
La consejera regional, Valeria Chacana, denunció un preocupante quiebre en la comunicación estatal, revelando que el Seremi de Desarrollo Social de la región se negó a asistir a la comisión del CORE para dar explicaciones sobre el desmantelamiento. “Nos envió una carta que no nos deja satisfechos. Pareciera ser que ni las autoridades regionales conocen efectivamente los lineamientos que se están dando a nivel central”, fustigó Chacana, sembrando dudas sobre qué tan avanzada o real es la coordinación con el municipio para el traspaso de la sede de la Parte Alta.
Por otra parte, parlamentarios como el senador Daniel Núñez echan por tierra la efectividad del “soporte digital” prometido por el Gobierno, argumentando que una atención remota por internet es una respuesta ciega ante la profunda brecha digital que sufren los adultos mayores del sector alto del puerto.
Un futuro en manos de la justicia
Mientras el cronograma de Santiago avanza sigiloso hacia los meses de junio y julio, la comunidad de la Parte Alta se mantiene en alerta roja. La moneda hoy está en el aire y la última palabra la tendrá la Corte de Apelaciones de La Serena.
Si el tribunal acoge la orden de no innovar solicitada por los vecinos, la planificación centralizada del Gobierno de congelar los fondos y cerrar las puertas quedará en pausa. Los coquimbanos ganarán tiempo; un tiempo vital para defender un espacio que, más que una fundación, consideran su segundo hogar.
