COQUIMBO / TONGOY.– El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el cónyuge de la mujer que sobrevivió a un devastador incendio estructural registrado la mañana de este viernes en la península de Tongoy. La Fiscalía local formalizó la investigación por los delitos de femicidio frustrado en concurso ideal con el delito de incendio, revelando macabros detalles sobre la dinámica del ataque.
Los detalles de la formalización
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en la audiencia, los hechos ocurrieron al interior del inmueble ubicado en la calle Caleuche. El imputado habría iniciado su agresión lanzándole un jarro con agua a la víctima mientras ella dormía; sin embargo, al ver que la mujer no despertaba, el sujeto procedió a prenderle fuego a un colchón, provocando el siniestro que terminó por consumir la vivienda por completo.
La víctima logró reaccionar a tiempo y evacuar el domicilio de manera milagrosa antes de ser alcanzada por las llamas, resultando físicamente ilesa.
Declaraciones clave sustentaron la cautelar
El fiscal a cargo del caso, Juan González, solicitó la máxima medida cautelar basándose en un contundente set de pruebas iniciales recopiladas junto a la Brigada de Homicidios de la PDI. Entre los argumentos clave presentados ante el tribunal destacaron el testimonio directo de la afectada, la declaración de una testigo presencial y el informe técnico preliminar entregado por el capitán de la compañía de Bomberos que adoptó la emergencia.
Por su parte, la defensa del imputado intentó esbozar presuntas contradicciones en las primeras versiones entregadas a las policías para evitar el encarcelamiento del sujeto. Sin embargo, la magistrada desestimó estos argumentos, estableciendo que existen antecedentes suficientes y sólidos que dan cuenta de una grave y persistente dinámica de violencia intrafamiliar (VIF).
Peligro para la víctima y la sociedad
Atendiendo a la gravedad de los hechos, la jueza de garantía ordenó el ingreso inmediato del imputado a recito penitenciario, fundamentando que su libertad constituye un peligro inminente tanto para la seguridad de la víctima como para la sociedad.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días, período en el cual la Fiscalía y la PDI desarrollarán diligencias científicas y técnicas complementarias para esclarecer con total certeza los hechos, así como para analizar cualquier versión alterna que pueda surgir durante el proceso judicial.
