El costo para los padres: Si el autor de la amenaza es menor de edad, sus padres o tutores legales pueden ser civilmente responsables, debiendo indemnizar los daños y perjuicios causados.
(REGIÓN DE COQUIMBO / ACTUALIDAD ).– La alarmante ola de amenazas de tiroteos y masacres que ha obligado a suspender clases y activar protocolos de seguridad en diversos establecimientos de la conurbación La Serena-Coquimbo ha encendido las alarmas no solo en las policías, sino también en el mundo académico y legal.
Frente a la peligrosa normalización de estas conductas entre los jóvenes, especialistas han salido a recalcar un mensaje claro: estas acciones no constituyen una simple broma adolescente, sino que configuran delitos gravísimos que acarrean severas consecuencias penales y civiles.
Un delito tipificado
El Director de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás La Serena, Mg. Jaime Camús, fue enfático en señalar que el ordenamiento jurídico chileno es estricto frente a este tipo de intimidaciones.
“El anunciar a alguien la intención de causarle un daño ilícito (…) si se hace con el fin de producir temor o forzar su voluntad, constituye un delito denominado amenazas. Esta amenaza debe ser seria y verosímil, y puede ser verbal, escrita o digital (artículos 296 al 298 del Código Penal)”, detalló el académico.
Respecto a las edades de los involucrados, Camús aclaró que la justicia no hace la vista gorda con los menores. “Si se es menor de 18 y mayor de 14, se aplicará la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (…) enfrentando sanciones, si es la primera conducta, desde amonestaciones hasta libertad asistida”.
Padres deberán responder con su bolsillo
Uno de los puntos más relevantes expuestos por el especialista apunta al entorno directo de los estudiantes involucrados, ya que el impacto de la “broma” traspasará la sala de clases y llegará directamente al patrimonio familiar.
“La responsabilidad penal y civil es personal, sin embargo, si quien realiza la amenaza es menor de edad, los padres o tutores pueden ser civilmente responsables y deben indemnizar los daños y perjuicios causados por los menores a su cargo”, advirtió el director de Derecho.
Nuevas leyes en camino
Finalmente, el abogado destacó que el hastío social frente a estos actos ya está generando reacciones en el Congreso.
El pasado 7 de abril se presentó un nuevo proyecto de ley que busca establecer agravantes de responsabilidad penal para los delitos cometidos contra integrantes de las comunidades educativas y los propios recintos. Esta iniciativa complementará normativas vigentes como la Ley Aula Segura y la Ley sobre Violencia Escolar, buscando erradicar definitivamente el terror de las aulas de la región y el país.
