Las sanciones: El municipio fue condenado a pagar más de $33 millones en indemnizaciones y se le ordenó realizar capacitaciones obligatorias sobre derechos fundamentales para todas sus jefaturas y el Concejo Municipal.
(LA HIGUERA / JUDICIAL Y LABORAL).– Un contundente fallo judicial remeció esta semana a la administración comunal de La Higuera. El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena condenó a la Municipalidad al pago de millonarias indemnizaciones tras acreditar graves episodios de acoso laboral y vulneración a la integridad psíquica en contra de una exfuncionaria.
La demandante, quien se desempeñó como asesora técnica de obras durante ocho años, fue víctima de reiterados maltratos durante el año 2024.
Según detalla la resolución dictada por la magistrada Karen Alfaro López, los episodios más graves fueron protagonizados por Ivonne Valenzuela, quien asumió como concejala en diciembre de 2024. El fallo dio por acreditado que la autoridad “concurrió hasta la oficina de la demandante (…) y gritó a la denunciante, golpeó un escritorio y la amenazó con hablar en su contra en el Concejo Municipal, en su nuevo rol de concejala”.
Inacción y despido
Lejos de recibir protección tras enviar un correo electrónico a la alcaldesa denunciando la situación, la funcionaria enfrentó la inacción de la autoridad. Peor aún, el 31 de diciembre de 2024, la jefatura de personal le comunicó sorpresivamente que no se le renovaría su contrato.
El tribunal consideró que la cercanía entre la denuncia y el despido unilateral —tras ocho años de vínculo continuo— es un claro indicio de represalia y vulneración de derechos.
Millonaria multa y clases obligatorias
La sentencia reconoció la relación laboral de la víctima y ordenó a la Municipalidad de La Higuera el pago de una serie de indemnizaciones que, en su conjunto, superan los 33 millones de pesos. Estas incluyen siete meses de remuneración por vulneración de derechos, años de servicio (con recargo del 50%), aviso previo, feriados proporcionales y el pago íntegro de cotizaciones previsionales.
Además del castigo económico, el tribunal impuso una estricta medida reparatoria: la Municipalidad deberá contratar a un experto (con grado de magíster y publicaciones en Derecho Laboral) para impartir una capacitación obligatoria de 12 horas a todas las jefaturas y al Concejo Municipal sobre la protección de derechos fundamentales.
El peso de la Ley Karin
Un aspecto clave de este fallo es el precedente legal que establece. Tras la lectura de la sentencia, la jueza Alfaro López destacó que se le dio total validez probatoria a la denuncia que la víctima realizó mediante correo electrónico institucional.
“Hay que recordar que, de acuerdo a lo regulado por la Ley Karin, en el caso de los funcionarios públicos se requiere de una denuncia escrita con los requisitos que están establecidos en la ley, que en este caso se dieron por cumplidos a través de la comunicación por correo electrónico”, concluyó la magistrada.
