En un fallo que fortalece las políticas de salud pública en Chile, la Corte Suprema confirmó la sentencia que obliga a una familia de la Región de Coquimbo a cumplir con el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) para su hija menor de edad. La resolución surge tras un recurso de protección interpuesto por el Servicio de Salud Coquimbo ante la negativa de los progenitores a vacunar a la niña.
El máximo tribunal del país fundamentó su decisión en el rol de los padres como garantes de la salud de sus hijos, estableciendo que no tienen la facultad de tomar decisiones que expongan a los menores a riesgos evitables. En consecuencia, la justicia ordenó la creación de un esquema de vacunación personalizado para la menor, asegurando una aplicación progresiva y oportuna de las dosis.
Respaldo Legal y Sanitario
La sentencia se apoya en el Artículo 32° del Código Sanitario, el cual otorga a la autoridad sanitaria la potestad de decretar la obligatoriedad de vacunas contra enfermedades transmisibles. Al respecto, Ernesto Jorquera, director del Servicio de Salud Coquimbo, expresó su satisfacción con el dictamen:
“Cuando está en juego la salud de los niños, hay derechos superiores inclusive a la voluntad de los padres. La evidencia mundial demuestra que la inmunización ha cambiado drásticamente el estado de salud de la población”.
Por su parte, la Seremi de Salud de Coquimbo, Karen Irribarra, enfatizó que la sentencia reafirma que la protección de la vida y salud de niños, niñas y adolescentes debe prevalecer siempre. “Se refuerza el carácter esencial de la vacunación como una política pública clave para la protección de toda la comunidad”, señaló la autoridad.
Finalmente, el fallo establece un precedente claro: la vacunación obligatoria es una medida legítima y exigible, donde el sistema de salud actúa como resguardo del bienestar tanto individual como colectivo.
