Municipios la mira de Contraloría: Funcionarios de Salamanca, Illapel, Los Vilos, Coquimbo, La Higuera y Canela figuran en el listado nacional de apuestas prohibidas

(REGIÓN DE COQUIMBO / PROBIDAD ADMINISTRATIVA).– Un contundente informe elaborado por la Contraloría General de la República ha destapado una grave vulneración a la probidad administrativa que salpica a diversas instituciones de nuestra región. El ente fiscalizador detectó a un total de 29 funcionarios de reparticiones estatales y municipales de la Región de Coquimbo efectuando apuestas en casinos de juego, una práctica que la Ley N° 19.995 prohíbe de manera estricta para los empleados públicos, con el fin de evitar conflictos de interés y resguardar la probidad.

Cifras millonarias y sumarios inmediatos

De acuerdo con el documento oficial, que analizó el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025, las transacciones irregulares en la región superan los 149 millones de pesos. A nivel local, el listado es encabezado ampliamente por la Municipalidad de Coquimbo, donde cinco de sus funcionarios transaron la suma de $81.230.555.

Le siguen en la lista dos trabajadores de la Municipalidad de La Higuera, con más de $37 millones apostados, y un funcionario del Servicio de Salud Coquimbo, con la cifra de $31.127.000. Frente a estos hechos, las entidades aludidas confirmaron la instrucción inmediata de sumarios administrativos de carácter reservado. En el caso específico de Coquimbo, se ordenó además el alejamiento preventivo de los involucrados de cualquier función relacionada con el manejo de recursos financieros.

Impacto directo en la Provincia de Choapa

La exhaustiva investigación del órgano contralor también evidenció que esta vulneración a la normativa se extiende transversalmente a nuestra provincia. El desglose del informe detalla la participación de funcionarios pertenecientes a los cuatro municipios del Choapa: la Municipalidad de Canela registra tres trabajadores involucrados; la Municipalidad de Los Vilos aparece con dos funcionarios; mientras que las municipalidades de Salamanca e Illapel figuran con un funcionario respectivamente.

Drásticas sanciones

Desde la Contraloría General de la República enfatizaron que todos los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades para las acciones disciplinarias correspondientes. Según la legislación vigente, quienes infrinjan esta prohibición legal no solo arriesgan fuertes multas que van desde las 3 a las 15 Unidades Tributarias Mensuales, sino que la gravedad de la falta puede constituir causal directa para el término del contrato de trabajo y la destitución de sus cargos en la administración pública.