(VICUÑA / REGIÓN DE COQUIMBO).– Un complejo escenario administrativo e institucional sacude a la Municipalidad de Vicuña. Una funcionaria que se desempeña en el Juzgado de Policía Local de la comuna presentó una grave denuncia por acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria. La acción legal apunta directamente contra el director de la Unidad Jurídica y el propio alcalde, Mario Aros Carvajal, por una serie de conductas de hostigamiento que se habrían extendido por más de un año.
Cronología del hostigamiento
De acuerdo con el relato de la denunciante, los hechos se remontan a enero de 2025. En medio de un sumario administrativo, el director jurídico habría iniciado un comportamiento inapropiado, incluyendo miradas de connotación sexual, preguntas impertinentes y mensajes insistentes de WhatsApp, llegando a proponerle visitarla en su domicilio para “vigilarle el sueño”.
La situación se habría agravado en marzo de 2025 durante un almuerzo, donde el abogado habría realizado comentarios sexuales explícitos sobre el cuerpo de la funcionaria. Meses después, en julio, la víctima sostiene que el mismo directivo le solicitó grabar clandestinamente a su jefe directo, el secretario abogado Sergio Cerda. Ante su rotunda negativa, habría comenzado una campaña de desprestigio con expresiones vulgares y sexistas.
Represalias y traslado
El conflicto escaló a espacios públicos a inicios de este 2026. Tras ser increpada en una verdulería local por el denunciado, la funcionaria acusa que comenzaron las represalias administrativas: su contrato fue reducido drásticamente de un año a solo tres meses. Finalmente, el 2 de marzo, el alcalde Mario Aros habría dispuesto su traslado desde el Juzgado hacia la bodega municipal, justificando la decisión en rumores sobre su vida privada, lo que la víctima califica como un acto de discriminación arbitraria.
La versión del municipio
Consultado por un medio de circulación regional, el alcalde de Vicuña, Mario Aros Carvajal, señaló que los hechos están siendo investigados bajo la reserva que exige la ley. “Como municipio, tomamos esta situación con la máxima seriedad, resguardando el debido proceso y el respeto a todos los funcionarios”, indicó la autoridad.
Sin embargo, el edil contextualizó la denuncia afirmando que el Juzgado de Policía Local se ha visto afectado por hechos graves, como la sustracción reiterada de recursos, lo que “obligó a esta administración a intervenir y poner orden en un espacio que, por mucho tiempo, presentó prácticas inadecuadas”.
