En prisión preventiva quedó un médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana, identificado con las iniciales L.R.C.Z., luego de ser formalizado por el Ministerio Público por delitos reiterados de emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones, hechos que habrían generado un millonario perjuicio fiscal.
La medida cautelar fue decretada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, tribunal que consideró la existencia de riesgo de fuga, descartando la posibilidad de caución o fianza. Además, se fijó un plazo de investigación de 120 días.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, entre el 1 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2025, el imputado —quien figura como médico general sin especialidad en el registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud— habría emitido 11.880 licencias médicas electrónicas mediante los sistemas de los operadores I-Med y Medipass.
De acuerdo con la investigación, las licencias fueron utilizadas principalmente por afiliados a Fondo Nacional de Salud (Fonasa) —con 11.239 casos— y también por beneficiarios de distintas isapres. El médico aparecía como prestador individual y además emitía permisos médicos a través del centro de salud Surmédica SpA, entidad que habría constituido junto a su madre en la comuna de Coquimbo.
Del total de licencias emitidas, 275 fueron otorgadas de manera presencial y 11.605 de forma remota. Según la indagatoria, el imputado se convirtió en el mayor emisor de licencias médicas del país durante 2024. La mayoría de estos permisos correspondía a diagnósticos de trastornos de salud mental y enfermedades osteomusculares, pese a que el profesional no contaba con especialización en dichas áreas.
La investigación también detectó 36 licencias médicas extendidas a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante el período de reposo, además de seis licencias utilizadas por funcionarios que acudieron a casinos de juego mientras se encontraban con permiso médico.
En total, de las licencias otorgadas a afiliados de Fonasa, 10.741 fueron tramitadas, generando un pago indebido de subsidios por incapacidad laboral que supera los $4.639 millones, cifra que constituye el perjuicio fiscal estimado en la causa.
