A seis años de la presentación de la querella, el concejal Álamos lamenta la falta de
rigurosidad y pide una investigación exhaustiva y a fondo para determinar a los responsables.
El pasado 18 de abril, la comuna de Salamanca conmemoró de manera amarga el sexto año
desde que el exalcalde Fernando Gallardo P. presentó una querella en representación de la
Municipalidad de Salamanca por los delitos de malversación de caudales públicos, aplicación
pública diferente y otros en contra del ex y actual alcalde Gerardo Rojas Escudero y quienes
resultasen responsables. La acusación se basa en el informe final 955 de la Contraloría
Regional de Coquimbo de diciembre de 2017, que revela un déficit financiero de
$6.855.942.332.
El concejal Omar Álamos Calderón expresó su preocupación y descontento ante la gran
inquietud que tiene la comunidad para que esto sea resuelto con justicia por el Ministerio
Publico. Para destacar la magnitud del presunto fraude, Primero “hay tomar conciencia de
los montos defraudados, la Municipalidad de Salamanca entre 2013 y 2016 tenía un
presupuesto anual de aproximadamente $4.500.000.000.- de ingresos propios, lo que
significa que los recursos malversados superaron con creces el monto de un año de ingresos”,
señaló Álamos.
Álamos también subrayó la persistencia de dineros faltantes en las cuentas corrientes
municipales, incluyendo $1.440.123.796.- destinados a proyectos del programa Viva
Salamanca, que no se ejecutaron. “La comunidad de Salamanca se pregunta cada día cómo
la justicia ha podido estar tanto tiempo en un caso que causó tanto daño al municipio y a la
gente en general”, comentó el concejal.
El concejal detalló varios ejemplos de fondos desviados, como los recursos de SERVIU
destinados a comités de vivienda, fondos para la construcción de una plaza por la
Subsecretaría de Prevención del Delito, y $120.000.000 del Ministerio de Cultura para
mejorar el Centro Cultural Santa Rosa, otro ejemplo “Con los recursos que nunca llegaron
a su destino y tampoco se hicieron las obras, es injusto que la comunidad de Salamanca esté
pagando más de $600 millones en intereses por los déficit denunciados por la Contraloría”,
declaró Álamos.
Álamos expresó su frustración ante la intención de la fiscalía de cerrar el caso sin
responsables. “Hace unos días hemos visto con mucha desazón cómo la fiscalía quiere cerrar
el caso sin responsables. Lo único que queda es confiar en los buenos profesionales del
Consejo de Defensa del Estado para revertir esta mala decisión”, afirmó. El concejal hizo un
llamado a una investigación más profunda y a la toma de conciencia para que se haga justicia
en la comuna.
