( Diario La Región.cl) El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de la Procuraduría Fiscal de Valparaíso, interpuso una querella criminal por el delito de fraude al Fisco contra tres ex directivos del Gobierno Regional de Coquimbo, Lucía Pinto, ex intendenta; José Cáceres, ex administrador regional; y Eduardo Espinoza, ex jefe jurídico; y contra un particular, Pablo Bracchita, por su responsabilidad en la adquisición irregular de terrenos por $ 9.800 millones, destinados para la construcción del centro deportivo San Ramón, caso conocido como el Papaya Gate. Ex autoridad regional, insiste en su inocencia.
En marzo de este año, LA REGIÓN había dado a conocer que el Consejo de Defensa del Estado se haría parte en el caso Papaya Gate, en donde se investiga a la ex intendenta Lucía Pinto, a José Cáceres, y a Eduardo Espinoza, por la compra de terrenos para el centro deportivo San Ramón.
Y efectivamente así fue, ya que este sábado el Consejo de Defensa del Estado confirmó que presentó una querella criminal en contra de las ex autoridades del gobierno regional, en donde el organismo explica que quienes, incumpliendo dolosamente los deberes de sus cargos, habrían realizado múltiples gestiones para concretar, bajo la modalidad de trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados en relación al valor real del terreno, su adquisición. Lo anterior, omitiendo, además, sucesivas y categóricas objeciones de la Contraloría Regional de Coquimbo y su negativa a tomar razón, en cuatro oportunidades, del contrato de compraventa presentado por el GORE para dicho fin.
Al respecto, la acción interpuesta por el CDE sostiene que los querellados actuaron, no sólo incumpliendo dolosamente los deberes del cargo, por cuanto de manera conjunta realizaron todas las gestiones necesarias para la adquisición de los referidos terrenos, permitiendo que se perfeccionara el contrato de compraventa pese a no contar con la respectiva toma de razón de la Contraloría Regional, sino que, además, con conocimiento de la existencia de tasaciones que valoraban los terrenos en menos del 50% del valor por el cual el GORE los compró, ocasionando un evidente perjuicio fiscal.
Conforme con los antecedentes de la investigación penal, los querellados habrían hecho caso omiso de las objeciones del Ente Contralor, pese a que éste representó categóricamente las irregularidades evidenciadas en todo el procedimiento de compra, toda vez que el GORE no pudo dar cuenta del fundamento para adquirir los terrenos mediante trato directo -siendo éste claramente excepcional y que exige debido fundamento, en relación con la adquisición mediante licitación pública- ni justificó el elevado precio pactado con los particulares, sostiene la acción del CDE. No obstante lo anterior, la querella señala que ello no fue impedimento para que «los querellados, a sabiendas que existían tasaciones por un valor inferior a la mitad del ofertado, decidieran insistir y realizar todas las gestiones necesarias para poder perfeccionar el contrato de compraventa, lo cual evidencia el dolo en su actuar».
En su acción, el CDE también imputa responsabilidad en el perjuicio fiscal al representante de las inmobiliarias involucradas, Pablo Bracchitta, en cuanto éste, de acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, habría solicitado y pagado los informes de tasación cuestionados por la Contraloría Regional, firmando la carta de oferta de venta de los terrenos y retirado desde la Notaría los vale vista con que fueron cancelados, siendo en definitiva el receptor de la millonaria cifra pagada.
Lucía Pinto: «Soy inocente
y estoy colaborando»
En entrevista con LA REGIÓN, la ex intendenta Lucía Pinto, una vez conocida la querella, señala que «sigo reafirmado que soy inocente, no tengo ninguna duda que se va a demostrar en la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía».
En cuanto a los avances, a casi un año que explotara el caso, sostiene «es un tema bien reservado, porque es la fiscal quien lleva la investigación, pero es ahí donde se van a presentar los antecedentes y ellos mismos van a ir recabando los antecedentes para aclarar este caso, que va a terminar señalando la verdad, acá soy absolutamente inocente».
Respecto a la condición de José Cáceres y Eduardo Espinoza, enfatiza en que «cada uno habla por uno mismo, ninguno es el representante del otro, así que hablo por mí».
En relación a la querella, sostiene que «desconozco cuales son los tiempos que tiene el CDE, pero creo que era algo esperable en todo este proceso, de hecho ustedes (LA REGIÓN) lo habían señalado hace un tiempo atrás, pero estoy tranquila con la investigación que se está llevando a cabo y estoy segura que va a salir la verdad a flote, acá se actuó de buena fe y no existe ninguno de los delitos que se están imputando».
Por el hermetismo que envuelve el caso, señala que «es un silencio que considero que es lo que corresponde en estos casos, lo más importante es que la Fiscalía pueda recabar y hacer una investigación con todos los antecedentes, de manera de poder dar a conocer y que las personas puedan saber qué es lo que sucedió».
«Hay que tener prudencia para poder dejar que la Fiscalía actué de la mejor manera posible, he estado colaborando con el Ministerio Público con todo lo que sea necesario, de manera que pueda salir la verdad», agrega.