Según datos obtenidos a través de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se concluyó que desde el año 2010 hasta 2019 se llevaron a cabo 579 femicidios, de los cuales solo un 26,77% terminó en sentencia y el 73,23% restante de mujeres víctimas no obtuvo justicia legal tras sus asesinatos.
En 2010 se promulgó la Ley de Femicidio (Ley 20.480) buscando modificar la antigua Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley 20.066). Tras aquella modificación se incrementaron las penas sobre el delito de femicidio, implementando reformas que castigan el femicidio cuando ocurre a manos de quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, excluyendo cualquier otro tipo de violencia de género. En junio de 2018, Fabián Cáceres (17) fue durante la noche a la casa de Gabriela Alcaíno, su ex polola. Aguardó en la entrada principal, y cuando tuvo la oportunidad, apuñaló a su ex suegra. Lo mismo realizó, segundos después, con su ex pareja. El joven se negaba a aceptar que la relación había llegado a su fin. A pesar de las características del caso, no fue denominado como femicidio. La ley de ese entonces no lo reconocía como tal. Con el paso del tiempo, familiares de Gabriela y organizaciones feministas ejercieron presión para que se tramitara una ley que amplíe la tipificación del femicidio. Fue así como durante el año pasado año se promulgó la Ley Gabriela, que busca condenar todo delito cometido contra la mujer donde el género sea un factor determinante, así como las muertes efectuadas por hombres contra mujeres, sin importar el tipo de nexo entre la víctima y el victimario.