CIPER reveló que un grupo de pequeños agricultores denunció que, en el extenso Fundo Cerrito, la empresa agrícola de Andrónico Luksic (Agrícola El Cerrito) tenía instalada una bomba de extracción de agua irregular. La agrícola del empresario reconoció la falta y la retiró. Los agricultores acusan que esa bomba llevaba varios años operando sin permisos provocando merma del vital suministro para el resto.
El Valle del Elqui se encuentra experimentando una brutal sequía, pequeños agricultores no tienen agua para sus plantaciones y animales, los pobladores se organizaron y desde enero vienen realizando protestas denunciando el saqueo en donde nuevamente unos de los protagonistas es una empresa del magnate Andronico Luksic.
Horacio Hevia, presidente de la Junta de Vigilancia del Estero Derecho (uno de los afluentes del Río Claro, que después se convierte en el Río Elqui), recibió una carta de los regantes agrupados en el Canal Asiento (poseen derechos de aprovechamiento del agua del estero Derecho), en la que denunciaban que en el borde del lecho, a la altura del Fundo Cerrito (propiedad de la Agrícola El Cerrito, de Luksic), existía un estanque artificial para acumular agua, junto con una cañería y una máquina para extraerla.
La bomba, según información aportada por Agrícola El Cerrito, estaba regulada para extraer 100 litros por segundo.
El Estero Derecho (donde se puso la bomba de extracción de agua de la empresa de Luksic) cruza la comuna de Paihuano, sector que desde 2015 está sujeto al decreto de emergencia “zona de escasez hídrica”. La situación se ha hecho más crítica. En enero de este año, el último Boletín de Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas de la DGA, informó que los niveles de los caudales del Río Elqui presentan una disminución del 90% respecto del promedio histórico del mismo mes (1981-2010).
La bomba y el estanque artificial para acumular agua, instalados en el lecho del caudal en el Fundo El Cerrito, fueron retirados después de que los regantes advirtieran del hecho a la junta de vigilancia. Agricultores y lugareños aseguran que la bomba operó por 15 años.
Ningún antecedente fue remitido a la Dirección General de Aguas (DGA), el organismo del Ministerio de Obras Públicas encargado de fiscalizar, a pesar que el artículo 163 del Código de Aguas señala que todo traslado del ejercicio de los derechos de aprovechamiento en cauces naturales deberá efectuarse mediante una autorización del Director General de Aguas.
