Cansados de las excusas y de la lenta respuesta ante la emergencia, la Municipalidad de Illapel decidió tomar acciones legales drásticas. A través de su alcalde, Denis Cortés Aguilera, la casa edilicia ingresó este lunes un requerimiento formal ante la Dirección Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para exigir una investigación administrativa contra CGE S.A.
La acción busca establecer responsabilidades legales frente a los masivos cortes de suministro que, desde el pasado 16 de julio, han mantenido a más de 30 localidades urbanas y rurales de la comuna sin energía por periodos que se han extendido entre 5 y 8 días continuos.
Una crisis que fue advertida
Según los antecedentes presentados por el municipio, el deficiente actuar de CGE no fue una sorpresa. El pasado 18 de mayo, en una reunión de planificación de la Asociación de Municipios de la Provincia del Choapa (AMPROCH), las autoridades locales advirtieron formalmente a la empresa sobre su escasa dotación de personal técnico para atender contingencias. Pese a que CGE desestimó las aprensiones en su momento, el sistema frontal terminó dándole la razón a los alcaldes.
“Estamos ingresando un oficio a la SEC por el pésimo manejo en este frente climático. ¿Qué es lo que buscamos? Que se establezca una investigación, que se sancione a la empresa y que además se entreguen compensaciones… que marque un precedente para que estas empresas cumplan con lo básico”, enfatizó el alcalde Denis Cortés Aguilera.
Riesgo vital: El abandono a los electrodependientes
El punto más crítico y grave de la denuncia expone la total desprotección que sufrieron los pacientes electrodependientes de Illapel.
Ante el agotamiento de los generadores de respaldo y la nula respuesta de los canales “preferentes” de CGE, fue la propia municipalidad la que debió intervenir con recursos propios. Los equipos municipales costearon el combustible y coordinaron atención médica de urgencia para resguardar la vida de pacientes que se encontraban en riesgo vital por la falta de energía.
Las duras exigencias a la SEC
En el oficio ingresado, la Municipalidad de Illapel exige al órgano fiscalizador cuatro medidas concretas contra la distribuidora:
- Multas históricas: Calificar el hecho como una infracción gravísima bajo la Ley N° 18.410, buscando sanciones que pueden alcanzar hasta las 10.000 UTA. Unidad Tributaria Anual.
- Compensaciones dobles: Aplicar el artículo 16 B de la normativa para indemnizar a las familias afectadas con el doble del valor de la energía no suministrada.
- Sanción por electrodependientes: Investigar como prioridad y sancionar como falta gravísima el grave incumplimiento de los protocolos de atención a pacientes conectados a equipos médicos.
- Auditoría de personal: Exigir a CGE que transparente y entregue sus registros de despliegue de cuadrillas, los planes de contingencia reales y los tiempos de reposición en la Provincia del Choapa.
