Nacional / Política — Un verdadero terremoto político sacude al exdiputado por la Región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida. Esto, luego de que saliera a la luz la declaración de su exjefa de gabinete, Evelyn Contreras, quien destapó ante la Fiscalía Oriente un presunto esquema de cobros irregulares, desvío de fondos públicos e incluso destrucción de evidencia en pleno Congreso Nacional.
Según los antecedentes revelados por la prensa, la exasesora —quien trabajó siete años con el exparlamentario UDI— entregó detalles de lo que la fiscalía ya denomina la “Cuota Fuenzalida”.
¿En qué consisten las graves acusaciones?
De acuerdo al testimonio, el mecanismo operaba en tres grandes frentes:
- Cobros en efectivo: Contreras aseguró que se le hizo un aumento de sueldo con fondos de la Cámara (cerca de 400 mil pesos mensuales), dinero que ella debía retirar en efectivo y entregárselo directamente al exlegislador o depositarlo en su cuenta personal.
- La plataforma fantasma: Se acusa el pago, con gastos operacionales, de una plataforma llamada “Socialtazk” (vinculada a un asesor del exdiputado Joaquín Lavín). Según la denuncia, esta no era una herramienta de gestión, sino una fachada para obligar a los trabajadores a recolectar datos personales de vecinos en terreno, los cuales luego eran usados para enviar mensajes de texto masivos en campañas políticas.
- Celulares al baño: El pasaje más cinematográfico y grave de la declaración indica que, el 29 de octubre de 2024, cuando la PDI allanó la oficina de Joaquín Lavín en el Congreso, Fuenzalida habría ordenado a su equipo destruir sus teléfonos. Según la testigo, la secretaria del exdiputado acató la orden y arrojó los dispositivos a la taza del baño por temor a ser allanados.
La férrea defensa de Fuenzalida
Tras el estallido del caso, el exparlamentario no guardó silencio y emitió una escueta pero dura declaración pública. Fuenzalida negó categóricamente haber solicitado pagos irregulares a sus colaboradores y calificó de “burdas” las acusaciones sobre los teléfonos en el baño.
“Desconozco las razones por las que mi exjefa de gabinete pudo haber formulado acusaciones de ese tipo en mi contra, pero las niego categóricamente, reservándome las acciones correspondientes”, señaló.
Finalmente, el exdiputado lanzó sus dardos contra el Ministerio Público, quejándose de que se le ha negado a su abogado el acceso a la carpeta investigativa por ser “secreta”, pero que, irónicamente, tuvo que enterarse de todo el detalle a través de los medios de comunicación. Un caso que, sin duda, recién comienza y que abre un complejo flanco judicial.
