Ante los cuestionamientos surgidos en torno al proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, el Gobierno —a través de la vocería regional de Coquimbo— salió al paso de las críticas, descartando tajantemente que la herramienta tenga un carácter discriminatorio o persecutorio.
El Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo, Darwin Cortés, respondió directamente a las declaraciones del diputado Bernardo Salinas, aclarando que la iniciativa apunta exclusivamente a prevenir daños a la infraestructura comunitaria y reforzar la seguridad de los vecinos.
“La protesta pacífica se respeta”
Desde el Ejecutivo fueron enfáticos en marcar la línea divisoria entre el derecho a la manifestación ciudadana y la comisión de delitos. Según explicó la autoridad regional, la propuesta busca establecer reglas claras frente a hechos concretos de violencia y destrucción de bienes públicos.
“En Chile el derecho a manifestarse pacíficamente está plenamente garantizado y eso no está en discusión. Lo que este proyecto busca es enfrentar los actos vandálicos, la destrucción de bienes públicos, daños a infraestructura y conductas que terminan afectando directamente a vecinos, comerciantes, estudiantes y trabajadores”, afirmó el Seremi Cortés.
En esta misma línea, el vocero regional despejó las dudas sobre un presunto sesgo ideológico en la medida, destacando los siguientes puntos:
- No se persiguen ideas: La iniciativa no está dirigida contra opiniones políticas ni contra el legítimo derecho a congregarse.
- Responsabilidad penal: El objetivo es que quienes cometen actos comprobados de violencia respondan ante la ley, con reglas claras y un debido proceso.
El rechazo al concepto de “Lista Negra”
El Seremi indicó que calificar la iniciativa como una “lista negra” es un error que no refleja el sentido original del proyecto. El enfoque, argumentó, está puesto en proteger el comercio, los servicios públicos y a todos los ciudadanos que se ven afectados cuando una movilización deriva en saqueos o destrozos.
Para concluir, la autoridad subrayó la responsabilidad del Estado en mantener el equilibrio social:
“Como Gobierno tenemos el deber de garantizar derechos, pero también de resguardar el orden público, la seguridad y el respeto por los espacios comunes. Ese equilibrio es fundamental para una convivencia democrática”.
