El CDP de Combarbalá no es un recinto de alta seguridad distante de la realidad de su gente; actualmente alberga principalmente a internos adultos masculinos de baja peligrosidad, cumpliendo un rol clave y considerado un espacio relevante para los procesos de reinserción social en la zona.
La clausura del recinto desataría un problema logístico y humano inmediato. Tal como lo advirtió el senador Matías Walker, tras recoger la inquietud del Concejo Municipal, el penal cumple una función fundamental para el control de medidas cautelares y alternativas (como firmas periódicas o reclusiones parciales y nocturnas). De concretarse el cierre, se originarían las siguientes problemáticas judiciales:
- Distancias y desgaste: Los usuarios del sistema judicial se verían obligados a viajar hasta las comunas de Ovalle o Illapel para cumplir con sus obligaciones, lo que implica trayectos de varias horas.
- Aumento de costos: Este traslado forzoso representaría un gasto económico extra, dificultando el cumplimiento de las medidas y golpeando directamente el bolsillo de los afectados y sus familias.
El efecto dominó: Un golpe al comercio y la identidad local
Más allá de los muros del recinto penitenciario, la cárcel es parte del ecosistema económico del pueblo. La alcaldesa de la comuna alzó la voz para visibilizar una consecuencia paralela: el daño a la comunidad misma.
“No podemos permanecer de brazos cruzados frente al cierre de un espacio que forma parte de nuestra identidad y que además sostiene a familias que viven y trabajan en la comuna”, enfatizó la edil. Desde el municipio tienen claro que los problemas trascienden lo penal y afectarían directamente a la calle:
- Éxodo de familias: El cierre implicaría la salida inminente de los funcionarios que trabajan en el recinto junto a sus respectivos grupos familiares.
- Impacto económico directo: Estas familias consumen, compran y participan activamente en la comuna. Su partida significaría una caída en las ventas del comercio local y una pérdida importante para la vida comunitaria del sector.
Por ahora, Combarbalá se mantiene en vilo. La incertidumbre marca el paso de los días mientras los vecinos, el municipio y los parlamentarios esperan una definición oficial que, de confirmarse, podría alterar profundamente la tranquilidad, la economía y la dinámica social de este rincón de la región.
