
(VALPARAÍSO POLÍTICA NACIONAL).– Una de las batallas legislativas más intensas y divisivas de la agenda de seguridad de la administración del Presidente José Antonio Kast está por comenzar en el Congreso Nacional. El Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó el ingreso formal a la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que crea el «Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos», una base de datos centralizada que busca castigar con severidad las conductas que destruyen los espacios públicos.
La propuesta gubernamental, que se espera dé cuenta en la Sala durante las próximas sesiones para ser derivada a comisiones técnicas, dará un giro radical a la forma en que se sancionan las faltas menores. La plataforma no solo almacenará las identidades de quienes cometan delitos tradicionales, sino que pondrá bajo la lupa conductas cotidianas conocidas como incivilidades: daños a mobiliario urbano, rayados de muros o paraderos, y el consumo de alcohol o drogas en plazas y paseos peatonales.
Sanciones al bolsillo: Sin bonos ni documentos
El aspecto más punzante y que promete levantar una densa humareda de debate en el parlamento radica en las severas restricciones civiles y económicas que enfrentarán los inscritos en este “registro de vándalos”. De aprobarse la normativa, los infractores arriesgan la suspensión y pérdida automática de diversos beneficios y subsidios sociales otorgados por el Estado.
Pero las amarras administrativas van más allá. El texto legal estipula el congelamiento de trámites cotidianos de alta relevancia, bloqueando de forma temporal gestiones tales como la devolución anual del impuesto a la renta (IFA) y la obtención o renovación de documentos de identidad esenciales, como la cédula y el pasaporte, obligando al infractor a saldar sus cuentas con el ordenamiento público antes de recuperar sus derechos civiles.
La moneda ya está en el aire y el Ejecutivo busca apurar el tranco legislativo argumentando que es una herramienta indispensable para devolverle la tranquilidad y la limpieza a los barrios de las 15 comunas de la Región de Coquimbo y de todo el territorio nacional.

