Acción judicial contundente frente a los daños en espacios públicos. Luego de los múltiples rayados y destrozos materiales que dejó una reciente manifestación estudiantil en La Serena, la alcaldesa Daniela Norambuena ingresó de forma oficial una querella criminal en contra de quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de estos actos vandálicos.
La iniciativa judicial cuenta con un importante respaldo político transversal: los alcaldes de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, y de Zapallar, Gustavo Alessandri, no solo entregaron su apoyo a la medida, sino que además se presentarán formalmente como testigos ante los tribunales de justicia.
Defendiendo la recuperación de la comuna
La máxima autoridad de La Serena fue enfática en señalar que no se permitirán retrocesos en el cuidado y la estética de la capital regional: “Así como dijimos que la manifestación pacífica es un derecho en democracia, igualmente tenemos derecho a una comuna con espacios públicos limpios para nuestros vecinos y vecinas. No vamos a permitir que La Serena vuelva a ser rayada, ensuciada… destruida. Luego del ‘Estallido Social’ comenzamos con una serie de iniciativas para restaurar sus bancas, fachadas o postaciones y estas situaciones perjudican su avance”.
En la misma línea, Norambuena envió un duro mensaje a quienes convocaron y respaldaron la movilización: “No vamos a tolerar más incivilidades, más vandalismo. Le solicitamos no solo a los alumnos involucrados, sino que también al resto de la población, incluidas las autoridades que apoyaron o asistieron a la manifestación, que estén a la altura junto con actuar con respeto, lo que es fundamental para avanzar como país”.
Cárcel y severas multas de más de $700 mil
De acuerdo con los antecedentes jurídicos de la acción presentada, los hechos configuran el delito de daños calificados. Quienes resulten penalmente responsables arriesgan castigos ejemplares que contemplan la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
A la privación de libertad se sumará una sanción económica que va desde las 6 hasta las 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que se traduce en una multa que supera los $700 mil pesos por los perjuicios ocasionados al mobiliario público de la ciudad.
