LA SERENA.– Hasta la Corte de Apelaciones de La Serena llegó un grupo de autoridades locales, parlamentarios y vecinos de la Parte Alta de Coquimbo para ingresar un recurso de protección. La acción judicial busca frenar de golpe el decreto del Gobierno que determina el cierre definitivo de la Fundación de las Familias, una medida que no solo desmantela el centro comunitario de la comuna puerto, sino también otros 40 recintos en sectores vulnerables de todo el país.
La ofensiva legal apunta directamente a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien preside la entidad y ejecutó la clausura tras un masivo recorte presupuestario de 525 millones de pesos visado por el Ministerio de Hacienda.
Para las familias de la Parte Alta, el anuncio cayó como un balde de agua fría. El recinto es considerado prácticamente la única presencia estatal en un sector catalogado históricamente como “zona roja”. En sus dependencias se ejecutan diariamente talleres deportivos para jóvenes, cursos de cocina para adultos mayores, una sala de estimulación infantil, un huerto comunitario y asistencia integral para trámites digitales.
“Nos están quitando la calidad de vida”
El senador Daniel Núñez, uno de los patrocinantes de la iniciativa, calificó la medida como una total arbitrariedad. “Consideramos que se está vulnerando el derecho a la vida y la integridad física de los usuarios, particularmente de los adultos mayores que desarrollan actividades que les permiten mejorar su salud de forma integral”, sostuvo el legislador, exigiendo además que se liberen los convenios pendientes con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) para dar oxígeno financiero al centro.
Por su parte, Juan Roa, adulto mayor y usuario que estampó su firma en el recurso, relató la angustia de la comunidad: “Para nosotros es un gran aliciente salir de nuestros hogares, salir de nuestros problemas y aquí poder participar socialmente”. En la misma línea, Cristian Morales, secretario de la Junta de Vecinos Ánima del Quisco, aportó su testimonio vivo: “Tengo 39 años y asisto desde los 8. Soy una de las personas que rescató la Fundación de las Familias en un sector muy vulnerable”.
Autoridades regionales acusan “plantón” y falta de respuestas
La molestia en la zona es doble debido a la nula respuesta de las autoridades locales del Gobierno. La consejera regional, Valeria Chacana, reveló que desde el Core citaron al Seremi de Desarrollo Social para dar explicaciones, sin embargo, la autoridad declinó asistir. “Decidió no participar en la comisión y nos envió una carta que no nos deja satisfechos. Pareciera ser que ni las autoridades regionales conocen los lineamientos del nivel central”, fustigó Chacana.
En tanto, el diputado Bernardo Salinas cuestionó el discurso de seguridad del Ejecutivo frente a estos cierres: “Cuando se habla de proteger y desarrollar los barrios, de involucrar a la comunidad en seguridad pública, todo eso hoy día se viene abajo”.
A través de este recurso, los afectados solicitaron una orden de no innovar. Con esto, la justicia tiene en sus manos la facultad de congelar los cierres y mantener las puertas abiertas de los centros comunitarios mientras se analiza el fondo de la causa.
