El proyecto: Busca modificar la Ley N° 20.027 para garantizar el debido proceso, evitando que el Estado actúe como juez y parte al ejecutar embargos sin permitir la defensa de los deudores.
(VALPARAÍSO / POLÍTICA Y EDUCACIÓN).– Un salvavidas legislativo para miles de profesionales y técnicos es el que busca impulsar la diputada por la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo. En respuesta a las recientes medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda durante la administración del Presidente José Antonio Kast, la parlamentaria anunció la presentación de un proyecto de ley que frena los cobros abusivos de los créditos estudiantiles, en particular del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La iniciativa nace luego de que el Ejecutivo y la Tesorería General de la República (TGR) pusieran en marcha un plan de cobro compulsivo y masivo de estas deudas, bajo el argumento de recuperar “activos fiscales”. Esta política, según advierte la diputada, desconoce por completo la actual precariedad del mercado laboral y la incapacidad real de pago de los afectados.
“La deuda educativa no es un delito. No puede ser que la principal respuesta del Estado sea perseguir judicialmente a quienes fueron parte de un sistema que falló en garantizar el derecho a la educación”, disparó con dureza la diputada Castillo.
El Estado como “juez y parte”
Uno de los puntos más críticos que aborda la parlamentaria es el uso de la TGR para ejecutar cobros bajo las reglas del Código Tributario, tratando una deuda de carácter civil como si fuera una obligación fiscal.
“Lo que hoy vemos es una distorsión grave: el Estado actúa como juez y parte, ejecutando embargos sin que las personas tengan una instancia real para defenderse. Eso vulnera garantías básicas del Estado de Derecho”, enfatizó.
Para frenar esto, el proyecto propone modificar el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027. La nueva normativa obligaría a garantizar una instancia efectiva de defensa previa (como alegar la prescripción de la deuda), exigiría la intervención de un tribunal y establecería criterios de proporcionalidad antes de aplicar medidas extremas como embargos o retenciones. “Si el Estado va a cobrar, debe hacerlo respetando las mismas reglas que cualquier acreedor en un juicio civil”, agregó Castillo.
Deudas impagables
Desde la diputación alertan que el problema de fondo es estructural. En cientos de casos notificados, deudas que originalmente bordeaban los $18 millones hoy superan la asfixiante barrera de los $40 millones, producto de los intereses acumulados. A esto se suman las rígidas condiciones de repactación.
“Se está asfixiando a hogares completos con medidas como embargos, sin considerar su realidad. Esto no solo es injusto, es socialmente irresponsable”, concluyó la autoridad, haciendo un llamado a tramitar con urgencia esta modificación legal en el Congreso.
