Comunidades del secano costero se reunieron en la localidad de Barraza Alto para abordar el creciente robo de cables de cobre que ha provocado extensos cortes de energía, algunos de hasta tres días. La convocatoria fue impulsada por el senador Daniel Núñez y el diputado Bernardo Salinas, y contó con la participación de altos mandos de Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile.
También asistieron la consejera regional Tatiana Cortés y la concejala Fanny Vega, junto a vecinos que expusieron el impacto directo de este delito en su vida cotidiana, especialmente en hogares con personas electrodependientes.
Según antecedentes de la empresa eléctrica CGE, la Región de Coquimbo lidera las interrupciones de suministro asociadas al robo de cables, principalmente en sectores rurales. Si bien anteriormente el foco estuvo en La Higuera, hoy los hechos se concentran en zonas apartadas de la provincia de Limarí.
Impacto directo en la calidad de vida
El presidente de la junta de vecinos de Barraza Alto, Ramón Alucema, señaló que la electricidad es una necesidad básica y que estos cortes dejan a la comunidad sin comunicación, sin agua y con graves riesgos para quienes dependen de equipos médicos o medicamentos refrigerados.
Compromisos policiales y llamado a denunciar
El senador Núñez indicó que hubo compromiso de reforzar patrullajes por parte de Carabineros y un llamado de la PDI a formalizar más denuncias para fortalecer las investigaciones. Además, expresó preocupación por las bajas condenas dictadas tras la llamada
Operación Oro Rojo, donde varios detenidos recuperaron su libertad.
El prefecto de la PDI Elqui, Jaime Lazo, detalló que junto al Ministerio Público se conformó un foco investigativo en la BICRIM de Ovalle, revisando más de 2.500 causas de los últimos tres años para identificar patrones y responsables.
Por su parte, el general de la IV Zona de Carabineros, Cristian Brebi, hizo un llamado a la comunidad a denunciar estos hechos, subrayando que el daño no es solo económico, sino también social y emocional, afectando postas, colegios y sistemas de agua potable rural.
Una cadena delictual organizada
El diputado Salinas advirtió que se trata de una estructura organizada que abarca desde el robo hasta la comercialización del cobre, incluso con exportaciones al extranjero simulando actividades mineras, lo que refuerza la necesidad de sanciones más severas y de desarticular completamente esta red.
Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre policías, Ministerio Público y comunidad será clave para frenar un delito que mantiene en permanente vulnerabilidad a cientos de familias rurales de la provincia de Limarí.
