LA SERENA.– La reciente instalación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui —organismo que administrará la educación en La Serena, La Higuera, Vicuña y Paihuano— quedó en el centro de la polémica. La controversia surge tras una serie de nombramientos a contrata asegurados hasta fines de 2026, con sueldos que oscilan entre los 2 y hasta 4 millones de pesos mensuales.
La foto de la discordia
El episodio que desató las mayores críticas ocurrió el mismo día del reciente cambio de mando presidencial. El periodista de la institución, Carlos Cerda, publicó una historia en sus redes sociales donde aparece levantando el puño frente a un retrato del presidente Gabriel Boric.
Junto a la imagen, el funcionario escribió: “Unidad, unidad y unidad. Señoras y señores, declaro iniciada la era de la resistencia”. El gran cuestionamiento radica en que la publicación habría sido realizada desde una oficina gubernamental y en pleno horario laboral, abriendo serias interrogantes sobre la probidad y la neutralidad política exigida a los servidores públicos.
¿Qué dice la ley sobre estos cargos?
Frente al debate por los millonarios contratos asegurados hasta diciembre de 2026, la abogada experta en derecho administrativo, María José Lira, aclaró el panorama. La jurista explicó que en la modalidad “a contrata”, la ley permite designaciones directas sin exigir concursos públicos obligatorios.
Sin embargo, Lira fue enfática en señalar que estos funcionarios no son inamovibles. “Es posible poner término anticipado. Sin embargo, esa decisión debe estar muy fundamentada, porque si no se cumple un estándar objetivo, el funcionario podría volver al servicio o el Estado terminar pagando igualmente sus remuneraciones”, advirtió.
El límite de la postura política
Finalmente, la especialista recalcó que tener una postura política no es un impedimento para trabajar en el Estado, pero la ley traza una línea roja muy clara: estas actividades deben realizarse estrictamente fuera del horario laboral y sin utilizar, bajo ninguna circunstancia, recursos públicos o infraestructura del Estado.
