Por Frano Giakoni Ramírez, director de la carrera de Entrenador Deportivo UNAB.
El avance del proyecto que modifica la Ley N°20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales marca uno de los movimientos legislativos más relevantes para el deporte chileno en los últimos años. La iniciativa, que ya fue aprobada en la Comisión de Constitución del Senado de Chile, apunta directamente a tres nudos históricos del fútbol profesional: la fiscalización, los conflictos de interés y la multipropiedad.
El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, fue claro al término de la sesión: el objetivo es que la sala del Senado se pronuncie prontamente y que en marzo el proyecto pueda convertirse en ley. Más allá del calendario legislativo, lo que está en juego es una transformación estructural del modelo bajo el cual operan los clubes profesionales en Chile.
Separación de funciones y nueva gobernanza
Uno de los ejes centrales de la reforma es la separación de funciones entre la futura liga profesional y la federación. En la práctica, esto busca evitar la concentración de poder en una sola entidad, promoviendo una gobernanza más clara y alineada con estándares internacionales.
La regulación explícita de las Ligas Deportivas Profesionales —que hasta ahora no contaban con un marco detallado en la legislación vigente— apunta precisamente a ordenar ese espacio y definir responsabilidades.
Fin a la multipropiedad y conflictos de interés
Otro punto clave es la prohibición de la multipropiedad. La norma establece que no se podrá participar con más de un equipo en una misma competencia, sentando las bases para impedir que un mismo controlador influya en dos clubes que compiten entre sí.
En paralelo, se prohíbe que agentes o representantes de jugadores tengan participación en la propiedad de los clubes o en sus directorios. Esta medida busca atacar de frente los conflictos de interés que han sido ampliamente cuestionados en el fútbol moderno.
Desde una perspectiva de gobernanza deportiva, estos cambios responden a estándares promovidos por organismos internacionales, que insisten en la necesidad de transparencia y trazabilidad en la propiedad de los clubes.
Más fiscalización y sanciones concretas
La obligación de informar la estructura real de propiedad y control, junto con la posibilidad de sancionar penalmente la entrega maliciosa de información falsa, refuerza la señal de que la opacidad ya no puede ser tolerada.
Las sanciones contempladas no son simbólicas: la ley establece multas que pueden alcanzar los 55 millones de pesos en caso de infracciones graves como la multipropiedad o la participación indebida de representantes.
Además, la fiscalización será compartida entre el Instituto Nacional de Deportes y la Comisión para el Mercado Financiero, dependiendo del tipo de organización, lo que introduce un control más técnico y menos discrecional.
Un periodo clave de transición
La reforma contempla un plazo de 18 meses para que las federaciones y la nueva liga profesional adecuen sus estatutos y estructuras organizacionales al nuevo marco legal. Este periodo será decisivo: no basta con aprobar una ley si su implementación no logra modificar prácticas arraigadas durante años.
La reforma no es solo jurídica, sino también cultural. El fútbol chileno ha convivido por largo tiempo con modelos híbridos, donde la lógica empresarial y la identidad deportiva no siempre han dialogado de manera transparente.
Regular la propiedad, limitar conflictos de interés y establecer mecanismos claros de fiscalización no garantiza éxitos deportivos, pero sí fortalece la credibilidad del sistema. Desde la gestión deportiva, la estabilidad institucional es un factor clave para el rendimiento sostenido.
El proyecto que hoy avanza en el Senado no resolverá por sí solo todos los problemas del fútbol chileno. Pero sí establece bases más estrictas para ordenar un sistema que ha sido cuestionado por falta de transparencia y conflictos de interés. Si la sala lo aprueba y la Cámara respalda las modificaciones, marzo podría marcar el inicio de una nueva etapa.
