Por: Dr. Jaime Fauré, académico de Psicopedagogía UNAB
Hace pocas semanas, una profesora de ciencias escuchó a dos estudiantes de octavo básico comentar métodos anticonceptivos basados en información errónea obtenida en redes sociales. La docente quiso intervenir, pero reconoció no contar con herramientas institucionales claras para abordar el tema en clase. La escena no es aislada. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2022 nacieron más de catorce mil hijos de madres menores de diecinueve años en Chile. Detrás de esa cifra hay conversaciones que no ocurrieron a tiempo ni en las aulas ni en los hogares.
La tesis es directa: Chile necesita implementar educación sexual integral en todas las escuelas del país porque protege a niños, niñas y adolescentes de riesgos evitables. Lo que está en juego es la salud física y emocional de millones de estudiantes que hoy reciben información fragmentada o inexacta sobre su propio cuerpo. Los destinatarios inmediatos son las comunidades escolares, pero el beneficio alcanza a las familias y al sistema de salud. El momento es ahora, porque las redes sociales han acelerado el acceso a contenidos sin filtro pedagógico, y la escuela puede ofrecer un espacio seguro para aprender con criterio.
La educación sexual integral ofrece ventajas concretas cuando se implementa con planificación. Los estudiantes que reciben información clara sobre anticoncepción y consentimiento toman decisiones más informadas. También aprenden a identificar situaciones de abuso y a pedir ayuda. Una orientadora de un liceo del sur del país relató que, tras una sesión sobre límites corporales, una estudiante de primero medio se atrevió a denunciar una situación de acoso que había callado durante meses. Esa conversación fue posible porque la clase le entregó vocabulario y un marco de confianza. El riesgo surge cuando la implementación es improvisada o cuando los docentes carecen de capacitación adecuada.
Las familias también cumplen un rol clave. Algunos padres temen que la escuela reemplace su función formativa, pero los programas exitosos complementan la conversación familiar en lugar de sustituirla. En una escuela rural del sur, un apoderado señaló que las reuniones informativas le permitieron dialogar con su hija sobre temas que antes no sabía cómo abordar. Una práctica pedagógica efectiva en ese establecimiento fue enviar guías breves a los apoderados antes de cada unidad, para que conocieran los contenidos y pudieran continuar la conversación en casa con información precisa.
Existen medidas inmediatas que pueden adoptarse. Cada establecimiento puede incorporar una hora mensual de orientación dedicada al autocuidado y la educación sexual, evaluando en el corto plazo el nivel de participación estudiantil. El Ministerio de Educación de Chile puede distribuir materiales actualizados y basados en evidencia a docentes de ciencias y orientación. Y los apoderados pueden solicitar formalmente información sobre los contenidos que reciben sus hijos e hijas en esta materia.
La Ley 20.418, promulgada en 2010, establece que los establecimientos deben incluir educación sexual en sus programas. Sin embargo, su aplicación continúa siendo desigual. El avance será verificable cuando cada escuela publique en su sitio web o comunique por escrito a los apoderados el programa que implementará durante el año. Si en marzo de 2026 esa información sigue ausente en la mayoría de los colegios, sabremos que la normativa aún no se cumple plenamente. Si aparece, habrá un punto de partida para evaluar la calidad de lo que se enseña.
Lo que está en juego no es una discusión ideológica, sino el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir información clara, oportuna y basada en evidencia para cuidar su cuerpo y su bienestar integral.
