El teléfono vibra al otro lado de la ciudad. Quien llama dice ser un funcionario del banco. Habla con seguridad, menciona datos personales, infunde urgencia. La víctima no lo sabe, pero la orden salió desde una celda.
En cárceles como Huachalalume, el encierro no siempre significa silencio. Entre muros, rejas y módulos de alta seguridad, algunas organizaciones criminales han logrado convertir los recintos penitenciarios en verdaderos centros de operación del delito, donde el teléfono celular se transforma en el arma principal.
Las investigaciones del Ministerio Público han dejado en evidencia que muchas de las estafas de alto impacto económico que afectan a personas en todo el país no se originan en oficinas ni en sofisticados centros tecnológicos, sino en piezas de pocos metros cuadrados, habitadas por internos que, pese a estar privados de libertad, mantienen pleno control de redes criminales activas en el exterior.
El cerebro tras las rejas
Desde el interior del penal, los líderes de estas bandas cumplen roles clave: planificación, coordinación y dirección. Utilizando teléfonos móviles ingresados de manera ilegal —muchas veces con la colaboración de terceros— los internos asumen identidades falsas y se hacen pasar por ejecutivos bancarios, funcionarios públicos o incluso detectives de la PDI.
Con guiones memorizados y un lenguaje técnico cuidadosamente ensayado, los llamados buscan generar miedo y urgencia. Alertan sobre supuestos fraudes, hackeos o ataques de bandas extranjeras, empujando a las víctimas a actuar rápidamente y sin verificar la información.
Las llamadas no son improvisadas. Antes, existe un trabajo previo de recopilación de datos personales, selección de víctimas y distribución de tareas, todo coordinado desde la cárcel.
La red externa
Mientras los internos dirigen la operación, en el exterior operan los llamados “captadores” y “facilitadores”. Son parejas, familiares o colaboradores que se encargan de contactar a las víctimas por redes sociales, recibir transferencias, abrir cuentas bancarias, mover el dinero y convertirlo en efectivo o bienes de alto valor.
En muchos casos, estas personas exhiben en redes sociales una vida de lujo: autos, joyas, viajes y ostentación que no se condice con ingresos formales. Esa vitrina digital no solo cumple una función de blanqueo simbólico del dinero, sino que también sirve para atraer nuevas víctimas y dar una falsa sensación de éxito y credibilidad.
Dinero, control y silencio
Una vez concretada la estafa, los recursos son centralizados por uno o dos miembros de confianza, quienes se encargan de repartir el botín. Desde la cárcel, el líder mantiene el control mediante instrucciones claras, amenazas veladas y la promesa de ganancias rápidas.
La violencia también es parte del engranaje. Cuando algún integrante falla, desaparece con dinero o no cumple una orden, las represalias pueden escalar rápidamente, incluso a la contratación de sicarios, demostrando que el poder de estas bandas no termina en los muros del penal.
Un desafío para el sistema
El fenómeno de las estafas dirigidas desde cárceles revela una falla estructural: la dificultad para controlar el uso de tecnología al interior de los recintos penitenciarios y la persistencia de redes criminales que sobreviven al encarcelamiento de sus líderes.
Mientras las investigaciones avanzan y las formalizaciones se multiplican, queda en evidencia que el delito ha sabido adaptarse. Hoy, la estafa no necesita calle ni oficina: basta un teléfono, una señal y una voz convincente que, desde una celda, sigue encontrando víctimas al otro lado de la línea.
