Mientras en barrios completos de Chile los vecinos despiertan sin agua, con cañerías abiertas y cuentas impagables, en el Congreso se toma una decisión que no resiste análisis ciudadano. La Comisión de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto que buscaba tipificar como delito el robo y la receptación de medidores de agua potable, una práctica que se ha transformado en un negocio impune y cotidiano.
No estamos hablando de un delito menor. El robo de medidores deja a familias sin suministro, genera filtraciones, riesgos sanitarios y obliga a personas —muchas veces adultos mayores o familias vulnerables— a pagar de su bolsillo reparaciones que pueden costar cientos de miles de pesos. Es un golpe directo al hogar. Y aun así, el Congreso dijo no.
Desconexión total con la realidad
El argumento implícito de que “ya existen delitos similares en la ley” se cae frente a los hechos. Si la legislación actual fuera suficiente, este delito no estaría creciendo ni operando con la tranquilidad que hoy muestran las bandas dedicadas a robar cobre, bronce y fierro desde la infraestructura básica.
Rechazar este proyecto es no entender lo que pasa en la calle, es legislar desde el escritorio, lejos de los barrios donde el agua se corta y la indignación se acumula.
Un mensaje peligroso
Cuando el Parlamento rechaza una iniciativa de este tipo, el mensaje es claro:
robar medidores sigue siendo un delito de bajo riesgo.
Para quienes delinquen, es una señal de continuidad. Para las víctimas, una señal de abandono. Y para el país, una contradicción brutal en un contexto donde la seguridad se declara como prioridad, pero se niegan herramientas concretas para enfrentarla.
¿A quién protege la ley?
La pregunta es incómoda, pero necesaria. Porque hoy, con esta decisión, la balanza no quedó del lado de las familias, sino del lado de quienes lucran con la impunidad. Mantener la legislación tal como está es aceptar que estos robos sigan ocurriendo una y otra vez, sin consecuencias reales.
El diputado Víctor Pino tiene razón cuando advierte que se trata de un problema creciente. Lo que sorprende no es su denuncia, sino que aún haya parlamentarios que no comprendan el impacto económico y humano de este delito.
El costo político también existe
El proyecto aún podría revertirse en la Sala de la Cámara. Ahí, cada voto quedará registrado. Y será legítimo que la ciudadanía se pregunte quién estuvo dispuesto a proteger a los vecinos y quién optó por mirar al techo.
Porque legislar no es solo interpretar códigos:
es entender la realidad,
es escuchar a la gente,
y es hacerse cargo de las consecuencias.
