SANTIAGO.- La discusión por el reajuste del sector público se ha transformado en el nuevo campo de batalla político. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó este lunes la polémica que mantiene tensionado al Congreso, respondiendo con dureza a las acusaciones de la oposición sobre una supuesta “ley de amarre” que buscaría dificultar los despidos de funcionarios ante el inminente cambio de administración.
En un punto de prensa, la secretaria de Estado desestimó las críticas, calificándolas como una distorsión de la realidad. “Esta caricatura que se construyó de la supuesta ley de amarre es una propaganda que es ficticia (…) Se ha repetido y se ha reproducido un concepto que no tiene relación con la realidad”, sentenció Vallejo.
Diferencia entre cargos de confianza y de carrera
La ministra fue enfática en aclarar que la norma no busca perpetuar a los operadores políticos. “La oposición ha tratado de instalar que el gobierno busca apernar asesores políticos o de confianza del presidente Gabriel Boric y no tiene nada que ver con eso. De hecho, todo lo contrario. El gobierno ha sido muy claro con que termina su mandato y sus asesores de confianza, de los gabinetes, se van, como corresponde”.
Según explicó la vocera, la legislación apunta a proteger a los funcionarios públicos de carrera, exigiendo que cualquier desvinculación esté debidamente “fundamentada”, un estándar que busca evitar la arbitrariedad y no el inmovilismo.
Acusación de boicot
Vallejo lamentó el tono del debate, acusando una estrategia para dañar el proyecto de ley. “El nivel de propaganda para dañar una ley de ajuste al sector público ha sido muy agresiva”, sostuvo, haciendo un llamado a legislar con responsabilidad y en base a la evidencia.
“Espero que no reproduzcamos conceptos que se instalan mayormente para dañar la imagen (…) y que logremos dar un debate con responsabilidad, no con excusas para simplemente boicotear un reajuste que siempre ha sido una discusión importante”, concluyó la autoridad, recordando que esta negociación marca un precedente clave también para las remuneraciones del sector privado.
