Una nueva acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de La Serena en el marco de las irregularidades detectadas en la Corporación Municipal Gabriel González Videla (GGV). La querella, que amplía una causa ya en curso, busca establecer responsabilidades penales por los delitos de fraude al erario, malversación de caudales públicos y administración desleal, involucrando al exalcalde Roberto Jacob Jure, tres exsecretarios generales y otros exfuncionarios de la entidad.
La acción fue interpuesta por la Municipalidad de La Serena y apunta también contra los exsecretarios generales Patricio Bacho Chávez, Ernesto Velasco Rodríguez y Jorge Díaz Torrejón, además de la exdirectora del Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal y el exdirector de Finanzas y Control Interno Jerónimo Clavería Calderón.
“Hoy se presenta esta querella respecto a la administración desleal, lo que implica responsabilidades de quienes estuvieron a cargo y no supervisaron adecuadamente, permitiendo que estos delitos se configuraran y fueran ratificados por el Ministerio Público”, señaló la alcaldesa Daniela Norambuena.
La jefa comunal agregó que el municipio avanza en el plan de cierre definitivo de la Corporación GGV, aprobado de forma unánime por su directorio.
“Haremos un trabajo colaborativo para traspasar el Departamento de Salud a la Municipalidad, garantizando una administración transparente, bajo control de Contraloría”, añadió.
Graves irregularidades financieras
Según los informes de auditoría, se detectaron múltiples irregularidades en el manejo de recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferente (SEP), entre ellas contrataciones simuladas, pagos por servicios no realizados, desvíos de fondos y doble contratación, con un perjuicio preliminar que superaría los $5.500 millones.
La investigación también indaga posibles delitos de fraude al fisco en los contratos de asistencia técnica educativa, donde las empresas CIMPAQ y Excelencia Educativa —vinculadas entre sí— habrían registrado gastos rechazados por $320 millones entre 2019 y 2020. Además, se detectó la existencia de 95 personas pagadas con fondos SEP en 2023 sin que existan evidencias de los servicios prestados.
Contratos con empresa de seguridad sin autorización
Paralelamente, la Municipalidad mantiene una querella contra Mario Fernández Sánchez, representante legal de Servicios Técnicos TELMAR SpA, por presunta estafa, fraude al fisco, falsedad documental y asociación ilícita.
Entre 2018 y 2024, TELMAR firmó 13 contratos y 15 anexos con la Corporación GGV por un monto superior a $2.056 millones, principalmente para servicios de seguridad, instalación y mantención de cámaras CCTV, y trabajos en salud, educación y cementerios municipales.
La auditoría interna reveló que la empresa no contaba con la autorización vigente del Departamento OS10 de Carabineros, pese a haber sido contratada como entidad de seguridad privada.
Cierre y traspaso de funciones
Actualmente, la deuda total de la Corporación Gabriel González Videla supera los $83.626 millones, lo que llevó a la alcaldesa y al directorio a aprobar su cierre definitivo.
El objetivo, según la administración comunal, es proteger los intereses municipales, mantener la continuidad de los servicios públicos y fortalecer los mecanismos de transparencia institucional.
Con esta nueva acción judicial, el municipio serenense busca esclarecer las responsabilidades penales y administrativas, recuperar los recursos públicos y reconstruir la confianza ciudadana en la gestión municipal.
