Una investigación periodística reveló que una trabajadora de planta de la Municipalidad de Canela aparece como fundadora y representante legal de una empresa que obtuvo contratos por más de $114 millones con el mismo municipio, pese a que la ley prohíbe expresamente este tipo de vínculos comerciales.
De acuerdo con los antecedentes publicados por Fast Check CL, se trata de Alejandrina Victoria Cortés Robles, quien se desempeña desde 2013 como técnico en atención de párvulos en el municipio. En agosto de 2023 constituyó la sociedad SG Audio Producciones SpA, la que —a pocos días de iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos— comenzó a recibir órdenes de compra desde la propia entidad edilicia.
Según los registros revisados, el municipio se convirtió en el principal cliente de la empresa, con adjudicaciones que superarían los $179 millones, de los cuales más de $114 millones fueron contratados entre diciembre de 2023 y enero de 2025, cuando ya se encontraba vigente la modificación a la Ley de Compras Públicas (N°19.886). Esta norma prohíbe que funcionarios municipales contraten con su institución, cualquiera sea su tipo de vínculo laboral.
Durante gran parte de ese periodo, Cortés Robles mantuvo el control legal de la empresa, situación que solo cambió en enero de 2025, cuando la sociedad fue modificada dejando como único socio a Marcelo Cortés Gallardo.
Irregularidades detectadas por ChileCompra
Un informe del Observatorio de ChileCompra detectó múltiples irregularidades en los procesos de contratación entre el municipio y la empresa SG Audio Producciones. El documento, al que tuvo acceso Fast Check CL, advierte faltas a la probidad y transparencia en 39 órdenes de compra por un monto total superior a $117 millones, de las cuales 22 se emitieron bajo la nueva normativa.
El organismo señaló además que varias de las contrataciones carecen de los respaldos administrativos exigidos para justificar los tratos directos, por lo que los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su revisión y eventual pronunciamiento.
Respuesta del municipio
Desde la Municipalidad de Canela reconocieron que las contrataciones con la empresa vulneran lo establecido por la ley, aunque precisaron que “la mayoría de las operaciones corresponden a la administración anterior”, encabezada por el exalcalde Bernardo Leyton.
El actual alcalde, Waldo Contreras Cortés, informó que al detectarse la situación se suspendieron nuevos contratos y se implementaron medidas internas de control, como la exigencia de declaraciones juradas de ausencia de conflicto de interés para todos los proveedores municipales.
Asimismo, el municipio confirmó que colabora con el Tribunal Electoral Regional (TER), instancia que lleva adelante una investigación sobre posibles irregularidades cometidas en la gestión anterior, y aclaró que la funcionaria no mantiene ningún parentesco con el actual alcalde.
