El proyecto de la planta desaladora de Coquimbo enfrenta una nueva postergación luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolviera abrir una nueva etapa de participación ciudadana en su proceso de evaluación. La decisión surge tras el ingreso de una Adenda al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la cual incorporó modificaciones consideradas sustantivas y que generan nuevos impactos ambientales y culturales.
La iniciativa, ingresada al Sistema de Evaluación Ambiental en octubre de 2024, contempla la construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar en un terreno de 22,5 hectáreas, junto con diversas obras complementarias. Durante la revisión del proyecto, el SEA formuló observaciones a través del Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones (ICSARA), las que fueron respondidas por el titular en agosto de 2025 mediante la presentación de una Adenda.
Tras analizar este nuevo documento, la autoridad ambiental concluyó que las rectificaciones y aclaraciones introducidas modifican de forma significativa los impactos del proyecto. Entre los efectos más relevantes se identificó la pérdida de especies vegetales nativas —como Adesmia littoralis y Alstroemeria magnífica— y la afectación a manifestaciones culturales de comunidades indígenas en la ensenada de El Panul, además de la reducción de recursos vegetacionales que sustentan parte de su economía local.
De acuerdo con la normativa vigente, cuando un proyecto presenta cambios de esta magnitud, es obligatorio abrir una nueva fase de participación ciudadana para que la comunidad pueda conocer las modificaciones y formular observaciones. Este proceso se extenderá por 30 días, contados desde la publicación de un extracto en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional o nacional, trámite que debe realizar el titular del proyecto.
Durante dicho período, la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental quedará suspendida.
El director regional del SEA, Erwin Gajardo Pizarro, señaló que esta medida busca fortalecer la transparencia del proceso y garantizar el derecho de las comunidades a participar en decisiones que puedan afectar su entorno.
“La participación ciudadana es un pilar fundamental de la evaluación ambiental, ya que permite que las comunidades directamente afectadas puedan incidir en el proceso con información relevante y sus propias percepciones”, enfatizó.
Con ello, el SEA reafirma que los grandes proyectos de infraestructura deben cumplir no solo con los requisitos técnicos y ambientales, sino también integrar la visión de las comunidades dentro de su área de influencia. Se espera que la publicación del extracto marque oficialmente el inicio de esta nueva etapa de diálogo y consulta pública.
Preocupación parlamentaria por nuevo retraso
El anuncio generó inquietud entre parlamentarios de la región.
El senador Matías Walker cuestionó la oportunidad de esta nueva participación ciudadana y su falta de sincronía con la prórroga de la licitación del proyecto:
“Es una nueva dilación. Lamentablemente, los tiempos del Servicio de Evaluación Ambiental no han calzado con los de la Dirección de Concesiones, y se hace cada día más difícil cumplir el compromiso del gobierno del Presidente Boric de adjudicar esta obra, que es trascendental para la región de Coquimbo”, advirtió.
En tanto, el diputado Víctor Pino expresó su preocupación por la incertidumbre que podría generar esta resolución en la ciudadanía y en los inversionistas.
“Llevamos años enfrentando una sequía que ya se torna insostenible. Es fundamental que esta consulta se realice con celeridad y que no afecte el proceso de licitación en curso”, sostuvo.
Pino recordó que, según el calendario vigente, la Dirección General de Concesiones tiene previsto recibir ofertas durante octubre y abrirlas a mediados de noviembre, con miras a adjudicar la obra en marzo del próximo año.
“Esperamos que ambos organismos puedan coordinarse para entregar las respuestas requeridas a tiempo, de manera que este proyecto pueda avanzar como toda la región lo espera”, concluyó.
