Por Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario, Ingeniero Comercial, Magíster en Administración de Empresas de IEDE y Máster en Administración de Empresas de la Universidad de Lérida.
La reciente aprobación en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del proyecto que busca eliminar la Unidad de Fomento (UF) en contratos de arriendo, dividendos hipotecarios, educación y salud ha encendido un debate sobre el verdadero impacto de esta medida. La propuesta del oficialismo ha sufrido cambios respecto a su idea original, precisamente por la falta de claridad sobre sus consecuencias, encontrando incluso detractores dentro del propio Gobierno, como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien advirtió sobre los riesgos para el sector inmobiliario y la salud previsional.
Para entender el alcance de esta discusión es clave recordar qué es la UF. No se trata de una moneda de curso legal, sino de una unidad de cuenta creada en 1967 con el propósito de indexar la inflación diariamente. Este mecanismo ha permitido al sistema financiero ofrecer créditos hipotecarios a 30 o 40 años, algo impensado sin esta herramienta, y ha dado certeza a inversionistas y desarrolladores inmobiliarios para proyectar construcciones de largo plazo, un factor esencial frente al déficit habitacional que enfrenta Chile.
Entonces, ¿dónde está el problema? No en la UF, sino en la inflación misma. La desaparición de esta unidad trasladaría el riesgo al sistema financiero, que lo traspasaría a los consumidores mediante condiciones más restrictivas. En la práctica, significaría créditos más cortos, con tasas variables ajustadas cada tres o cuatro años, encareciendo especialmente el acceso a financiamiento de las familias de clase media.
Quienes defienden su eliminación parcial en contratos como arriendos, educación o seguros deben considerar que la incertidumbre inflacionaria que no pueda cubrir el inversionista terminará reflejándose en precios más altos para los consumidores.
El verdadero desafío no es deshacerse de instrumentos que permiten convivir con la inflación, sino atacar sus causas estructurales. Es como querer curar una fiebre rompiendo el termómetro.
En definitiva, el debate sobre la UF ha desviado la atención de los problemas de fondo en materia habitacional: falta de suelo urbano, procesos de aprobación excesivamente largos, altos costos de construcción y barreras regulatorias que encarecen los proyectos. El foco debe estar en resolver estos desafíos estructurales, y no en buscar soluciones aparentes que, lejos de ayudar, pueden empeorar el escenario.
