Sentencias firmes contra el municipio, que suman más de $50 millones en indemnizaciones y cotizaciones, reabren cuestionamientos al manejo jurídico de la actual administración y a la falta de acciones oportunas para resguardar las arcas comunales.
La Municipalidad de La Higuera enfrenta una compleja situación judicial tras el aumento de fallos en su contra por demandas laborales que no han sido pagadas oportunamente. El caso más reciente corresponde a la sentencia por el despido nulo de Ricardo Mita, ex inspector de obras, cuya indemnización inicial de $13,1 millones se triplicó en poco más de un año debido a reajustes e intereses, alcanzando los $39,2 millones.
A este proceso se suma la demanda acogida a favor de Andrea Chevair Carvajal, ex guardia de seguridad en la posta de Caleta Los Hornos, quien fue desvinculada sin recibir sus cotizaciones previsionales. El fallo condenó de manera solidaria a la empresa contratista Hogar Plus Chile Ltda. y al municipio, estableciendo el pago de $15,2 millones en prestaciones.
Ambos fallos se encuentran firmes y ejecutoriados desde mediados de 2025, generando un serio impacto en las finanzas comunales. Según los antecedentes judiciales, la municipalidad no se hizo parte de los juicios ni en la administración anterior ni en la actual, encabezada por la alcaldesa Uberlinda Aquea, lo que permitió que las deudas se incrementaran considerablemente.
Juristas consultados advierten que esta inacción podría configurar abandono de deberes, figura sancionada por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que castiga a las autoridades cuando, por omisión o negligencia, causan un perjuicio al patrimonio institucional.
Durante la tramitación, incluso se solicitó el arresto nocturno de la alcaldesa por no pago de la condena, petición que fue rechazada por el tribunal, ordenando en su lugar que emitiera un decreto alcaldicio de pago en un plazo de 15 días hábiles.
El municipio, sin embargo, ha defendido públicamente a su equipo jurídico, cuestionado por no reaccionar con la debida oportunidad en estos procesos. A pesar de ello, las críticas al manejo legal y financiero de la administración persisten, al considerar que la falta de acciones oportunas sigue exponiendo las arcas comunales a nuevos riesgos.
