Por Cristian Muñoz, Socio Fundador de Muñoz Abogados y Cía.
La reciente fuga desde la cárcel de Valparaíso no es un episodio aislado ni anecdótico: es el reflejo de la profunda crisis que atraviesa el sistema penitenciario chileno frente al avance del crimen organizado y la creciente sofisticación de la delincuencia común. Que tres reclusos con amplio prontuario lograran escapar mediante una planificación coordinada, desafiando protocolos y debilitando la autoridad de Gendarmería, constituye una señal inequívoca de que la institucionalidad está siendo sobrepasada.
¿Recuerdan cuando en 1996 un grupo se fugó en helicóptero desde la ex Penitenciaría? En ese entonces, el hecho parecía propio de una película de acción. La diferencia con la fuga reciente es que esta no respondió a una operación política, sino a delincuentes que encontraron grietas insólitas en el sistema. Hoy la inseguridad se multiplica en las calles y la ciudadanía percibe que el Estado ya no es capaz de garantizar algo tan básico como el control de quienes cumplen condena.
Un problema estructural
Lo ocurrido trasciende lo anecdótico y revela una cuestión estructural: ¿puede Chile sostener un sistema penitenciario eficaz en el contexto de bandas organizadas, cárceles hacinadas y una seguridad interna cada vez más vulnerable? La percepción de que los muros ya no contienen a quienes deben estar recluidos abre un debate inquietante. Estamos retrocediendo hacia una lógica medieval, donde la única forma de protección era fortificar ciudades y restringir libertades.
Cuando el Derecho pierde eficacia por su incapacidad de aplicación oportuna, emerge el riesgo de la barbarie. El temor social, alimentado por hechos como este, puede impulsar la idea de que la autotutela o la legítima defensa son las únicas salidas frente a un Estado debilitado. Ese es un camino peligroso que erosiona la convivencia democrática.
Urgencia de un cambio profundo
Chile necesita revisar de manera crítica sus estrategias penitenciarias y judiciales. Es urgente profesionalizar y modernizar la labor de Gendarmería, invertir en infraestructura y actualizar protocolos que respondan a las nuevas amenazas del crimen organizado. No basta con lamentarse ni reaccionar tardíamente: el país requiere una política de seguridad integral, que combine prevención, control y rehabilitación, bajo un horizonte de Estado y no de gobierno de turno.
La fuga de Valparaíso debe leerse como lo que es: un golpe de realidad. O fortalecemos nuestro sistema penitenciario y judicial para que la justicia prevalezca en los hechos y no sólo en el papel, o nos encaminamos hacia un escenario donde la inseguridad se convierta en norma y la confianza ciudadana en las instituciones quede irremediablemente quebrada.
La crisis del sistema penitenciario en Chile exige nuestra atención inmediata. Es tiempo de actuar, de reimaginar estrategias y de asegurar que la justicia prevalezca, no sólo como discurso, sino en la vida diaria de quienes esperan un Estado fuerte y confiable.
