La iniciativa, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputadas y Diputados, establece agravantes penales para quienes amenacen o ataquen a líderes vecinales. Ahora continuará su discusión en el Senado.
La protección de los dirigentes sociales y vecinales dio un paso clave esta semana en el Congreso. Con 124 votos a favor y sin oposición, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que incorpora agravantes penales a quienes amenacen, agredan o atenten contra la vida de líderes comunitarios en represalia por el ejercicio de sus funciones.
La Seremi de Gobierno en la Región de Coquimbo, Paulina Mora, valoró el avance de la iniciativa al Senado. «Este proyecto reconoce la importancia y el valor del trabajo que realizan nuestros dirigentes y dirigentas comunitarias, quienes muchas veces enfrentan amenazas, agresiones e incluso atentados, simplemente por levantar la voz en defensa de sus barrios y vecinos. Como Gobierno, respaldamos firmemente esta iniciativa que entrega una señal clara de protección y justicia», destacó.
La propuesta modifica el Código Penal para establecer un agravante en delitos como amenazas, lesiones, homicidios o mutilaciones, cuando las víctimas sean integrantes de juntas de vecinos, uniones comunales u organizaciones comunitarias amparadas en la Ley 19.418.
El proyecto tiene su origen en dos mociones presentadas en 2018 y 2019, refundidas y aprobadas en general en diciembre de 2020. Posteriormente fue revisado por la Comisión de Constitución, donde se descartaron las indicaciones presentadas.
Durante el debate, legisladores de distintos sectores coincidieron en la necesidad de resguardar a dirigentes que, en muchos casos, han sido blanco de violencia por denunciar delitos o enfrentarse al narcotráfico. «Estas personas representan a sus comunidades con valentía y compromiso. No podemos permitir que sean silenciadas por el miedo o abandonadas por el Estado», expresaron.
Finalmente, la Seremi Mora subrayó que proteger a los dirigentes es «no solo una responsabilidad legal, sino un deber ético con la participación ciudadana y la justicia territorial», reafirmando el compromiso del Gobierno con fortalecer la democracia desde lo local.
