Iniciativa busca sancionar con hasta 20 años de cárcel a quienes otorguen créditos informales con amenazas, violencia o coacción. El objetivo es frenar una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Este miércoles, el senador Daniel Núñez ingresó un proyecto de ley que busca tipificar en el Código Penal el delito de préstamo ilegal con usura extorsiva, una práctica que se ha expandido en diversos barrios del país y que constituye una creciente fuente de financiamiento para el crimen organizado.
La iniciativa propone la creación de una figura penal autónoma que combine los delitos de usura y extorsión, actualmente tipificados de manera separada. Así, los préstamos ilegales que, al momento del cobro, involucren amenazas, violencia, engaños, apropiación de bienes o coacción para la firma de documentos, serán sancionados con penas de 10 a 20 años de cárcel. Las penas se agravarán si se comprueba que la práctica es reiterada, masiva o está vinculada a asociaciones ilícitas.
“Esta ley apunta a proteger a las familias más vulnerables, que hoy caen en la trampa del préstamo ‘gota a gota’ y terminan extorsionadas por verdaderas mafias. No podemos seguir permitiendo que el crimen organizado se financie con el miedo de la gente humilde que no tiene acceso al crédito bancario”, afirmó el senador Núñez.
El proyecto cita cifras preocupantes: en 2021, un 5,4% de los hogares chilenos había accedido a préstamos informales, concentrados principalmente en sectores urbanos y de bajos ingresos. En el 82% de los casos, los solicitantes habían sido rechazados previamente por la banca formal. Además, un 24% de los préstamos informales se otorgaron con tasas de interés anualizadas entre el 100% y el 500%, y un 19% entre el 500% y 1000%. En muchos casos, las víctimas enfrentaron posteriormente extorsiones, amenazas o violencia física, sin posibilidad de acudir a la justicia por tratarse de operaciones ilegales.
La propuesta legislativa se inspira en la experiencia de países como Colombia, donde este tipo de préstamo informal y coercitivo ya se encuentra tipificado como delito específico.
“Queremos cerrar el paso a una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en nuestros barrios”, concluyó el parlamentario comunista.
El proyecto fue presentado con el respaldo de la senadora Paulina Vodanovic (PS), el senador Esteban Velásquez (FRVS), el senador Iván Flores (DC) y la senadora independiente Alejandra Sepúlveda.
