Comisión Especial Investigadora sesionó en La Serena con presencia de parlamentarios, Gobierno y policías. Se propone fortalecer la coordinación interregional y levantar el secreto bancario para seguir la ruta del dinero.
Una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora sobre el Robo de Cables de la Cámara de Diputadas y Diputados se llevó a cabo este miércoles en la sede de la Universidad Central en La Serena. La instancia, presidida por el diputado Víctor Pino, reunió a parlamentarios de la zona y del país, junto a autoridades regionales como la delegada presidencial subrogante, Paulina Mora; el seremi de Seguridad Pública, Adió González; y el seremi de Energía, Eduardo Lara.
Durante la sesión se abordó el impacto creciente del robo de cables en la infraestructura crítica del país, delito que ha dejado sin suministro eléctrico, telecomunicaciones, agua potable e internet a miles de personas, principalmente en zonas rurales. El fenómeno también ha afectado el funcionamiento de semáforos, escuelas y centros de salud, generando millonarias pérdidas.
“Queremos descentralizar la discusión, escuchar a las regiones y abordar esto como un problema nacional. Hemos detectado que no existe aún una coordinación efectiva a nivel país, y esa es una de las principales brechas que debemos resolver”, enfatizó el diputado Víctor Pino, quien destacó la necesidad de un trabajo conjunto entre regiones, fuerzas policiales, fiscalía y entidades gubernamentales.
Desde la Delegación Presidencial, Paulina Mora sostuvo que la preocupación por este delito ha sido priorizada en instancias como la Mesa de Energía y Seguridad y el Consejo contra el Crimen Organizado. “Estamos trabajando activamente para enfrentar este fenómeno que golpea con fuerza a nuestra región”, afirmó.
Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Adió González, fue enfático en señalar que este delito no responde a acciones aisladas, sino que es parte de un entramado de crimen organizado. “Pasamos del robo de un poste aislado a organizaciones criminales con capacidad logística y tecnológica. Se requiere actuar con nuevas herramientas, con visión del presente y futuro”, sostuvo.
Una de las comunas más afectadas ha sido La Higuera. Su alcaldesa, Uberlinda Aquea, señaló que los cortes no solo afectan la electricidad: “También se interrumpe el agua potable por el funcionamiento de los APR, no hay telefonía, internet ni atención médica. Las consecuencias son mucho más graves de lo que parece”.
En la misma línea, la diputada Nathalie Castillo advirtió que las bandas detrás de estos delitos podrían también operar en otras áreas ilícitas. “Este fenómeno puede estar relacionado con redes de contrabando, incluso con vínculos políticos o empresariales. Por eso es clave avanzar hacia el levantamiento del secreto bancario y trazar la ruta del dinero”, propuso.
Finalmente, el diputado Daniel Manouchehri recalcó que “esto no es el robo de un cable por una persona en bicicleta. Aquí hay crimen organizado, con poder de fuego, redes de fundición, exportación y posible lavado de activos. Es una estructura compleja que requiere respuesta con inteligencia y estrategia”.
La comisión continuará sus sesiones en otras regiones del país, buscando levantar propuestas legislativas y operativas concretas para enfrentar este fenómeno delictual que se ha transformado en una amenaza para la seguridad pública y la infraestructura crítica nacional.
