Organizaciones de pescadores artesanales del sector sur de La Higuera anunciaron la ampliación de una querella presentada en febrero de 2024 contra el seremi de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros, por su presunta responsabilidad en graves irregularidades durante el proceso de creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Archipiélago de Humboldt.
La acción judicial, ingresada originalmente en el Juzgado de Garantía de La Serena, ahora se extiende también a la profesional Claudia Accini, a quien acusan de delitos como prevaricación administrativa, falsificación de instrumento público, denegación de servicio e impedimento arbitrario del curso de una solicitud.
Según explicó Jorge Valladares, abogado de los gremios de pescadores, “se ha manipulado un proceso que debió ser técnico y participativo, para imponer decisiones políticas preconcebidas, sin consultar ni considerar a las comunidades costeras”. Valladares sostiene que se incorporaron zonas no contempladas originalmente, supuestamente con el fin de cumplir compromisos políticos.
Uno de los puntos más sensibles es el presunto ocultamiento de información clave en el Comité de Ministros, particularmente respecto a la existencia de la concesión marítimo-portuaria asociada al proyecto minero Dominga. Los querellantes afirman que esta omisión tuvo como objetivo extender el polígono de protección sobre dicha concesión.
También se denuncia que el informe técnico que dio origen a la creación del área protegida fue encargado a la consultora GEAM Chile con instrucciones explícitas desde la Seremi para superponer el área sobre concesiones portuarias existentes, sin consultar ni incluir la visión de los gremios de pesca artesanal.
“El propósito de esta área protegida no fue ambiental, fue político”, sostuvo Jorge Cabrera, vocero de los pescadores. “Se está utilizando esta figura para frenar proyectos mineros, atropellando con ello el desarrollo sustentable de nuestras comunidades”, agregó.
Entre sus exigencias, los querellantes solicitan la paralización inmediata del actual proceso de Plan de Manejo del AMCP-MU, el cual —afirman— se desarrolla sin participación real de las comunidades afectadas ni respeto por sus derechos adquiridos.
Finalmente, el abogado Valladares manifestó su confianza en que, con esta ampliación de la querella y la evidencia recopilada, se logre una pronta formalización de la investigación y un eventual juicio oral con las máximas sanciones contempladas por la ley.
