La discusión sobre la Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) se ha tomado el debate político en medio de un contexto marcado por el aumento sostenido de delitos cometidos por menores de edad. La conversación, reactivada esta semana durante el programa El Primer Café de Radio Cooperativa, ha polarizado posturas entre quienes abogan por endurecer las penas y quienes llaman a reforzar la prevención y reinserción.
Actualmente, la Ley N° 20.084 –vigente desde 2007– establece que los jóvenes entre 14 y 18 años pueden ser penalmente responsables, pero bajo un sistema diferenciado al de los adultos, con énfasis en medidas socioeducativas por sobre la privación de libertad.
Sin embargo, voces desde el centro político y la derecha han comenzado a proponer revisar la edad mínima, y endurecer las sanciones ante hechos delictivos de alta connotación pública.
Posturas en tensión: ¿reducir la edad penal o reforzar la inclusión?
El exministro de Justicia y actual referente de Amarillos, Isidro Solís, planteó la necesidad de una reforma integral que incluya una rebaja de la edad penal a los 16 años.
“El país necesita un salto en capacidad institucional y carcelaria. Estamos dispuestos a discutir la edad de responsabilidad penal, pero debe ir acompañado de infraestructura adecuada”, señaló.
Desde Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz sostuvo que el aumento de delitos violentos cometidos por adolescentes justifica una política de shock:
“Hoy hay menores que matan y roban con violencia extrema. Pero además, tenemos más de 50 mil jóvenes fuera del sistema escolar: ese es el semillero del delito que debemos cortar con urgencia”, advirtió.
En contraste, sectores del oficialismo y de la izquierda cuestionaron esta lógica punitiva. La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, rechazó la propuesta calificándola de discriminatoria:
“En sectores vulnerables, a los 12 años hay niños cuidando a sus hermanos, mientras que en sectores acomodados a los 28 todavía son considerados ‘niñitos’. No podemos seguir castigando sin ofrecer esperanza”.
El Frente Amplio, a través de su secretario general Andrés Couble, también se opuso a reducir la edad penal, acusando uso electoral del tema:
“La derecha está instrumentalizando el miedo. Bajar la edad penal no resuelve nada si no hay políticas de prevención ni reinserción. Necesitamos Estado presente, no sólo castigo”.
Couble también defendió el rechazo a proyectos como la Ley de Usurpaciones, “que promovía la autotutela”, y criticó la falta de apoyo a iniciativas para levantar el secreto bancario en investigaciones de crimen organizado.
¿Qué dice la ley actual?
La legislación chilena sobre responsabilidad penal adolescente contempla un enfoque de reinserción social, con medidas que se ajustan a la edad y madurez del joven infractor. Las sanciones pueden ir desde la libertad asistida hasta la internación provisoria, pero sólo en casos graves –como homicidios o robos con violencia– se contempla el internamiento cerrado, a cargo del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que reemplazó al criticado Sename.
Un informe de Paz Ciudadana publicado recientemente advierte que los delitos violentos han aumentado un 70% en siete años, lo que ha intensificado la presión política y mediática sobre el sistema penal juvenil. Sin embargo, el mismo estudio alerta sobre el alto nivel de temor de la población, más allá del número real de delitos, y llama a evitar decisiones impulsivas.
Mirada internacional
La discusión en Chile no es aislada. Según datos de UNICEF y el Instituto Interamericano del Niño, países como Uruguay y Brasil también han debatido rebajar la edad penal, mientras otros como Noruega y Alemania han apostado por fortalecer las redes de prevención, salud mental y educación temprana, con resultados más sostenibles a largo plazo.
¿Qué viene ahora?
A meses de las elecciones parlamentarias y presidenciales, el tema promete seguir en la agenda. Algunos sectores ya están preparando propuestas de ley para modificar la edad penal, mientras que otros anuncian recursos ante organismos internacionales si se avanza en retrocesos legislativos.
Mientras tanto, en los barrios más golpeados por la violencia, el debate no es jurídico, sino práctico: ¿cómo evitar que un adolescente de 14 años se transforme en victimario o víctima del sistema?
