Una investigación publicada por CIPER Chile destapó una de las tramas de corrupción administrativa más graves en la Región de Coquimbo. El reportaje accedió a un informe interno reservado de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, que da cuenta de pagos por más de $1.339 millones a 21 “funcionarios fantasmas” que habrían cobrado honorarios sin prestar servicios ni tener contratos vigentes.
Este nuevo antecedente duplica los hallazgos de la Contraloría General de la República, que en febrero de 2024 había identificado un fraude de casi $800 millones entre 2020 y 2021. La investigación interna de la propia corporación reveló que el desfalco se arrastraba desde al menos 2015 y era aún más extendido.
Una red organizada: boletas falsas y fraude con fondos públicos
El fraude, que hoy investiga el Ministerio Público, incluye casos como el de personas que emitieron más de 80 boletas por más de $150 millones, sin registro de actividad. En noviembre de 2023, el 90% de las boletas pagadas por el Departamento de Salud no contaban con respaldo contractual.
En paralelo, CIPER detalla una red de boleteros liderada por exfuncionarias del Departamento de Salud y sus familiares, quienes están hoy en prisión preventiva o arresto domiciliario. Boletas falsas por supuestos talleres y programas de rehabilitación fueron utilizadas para extraer fondos públicos provenientes del Servicio de Salud Coquimbo.
Uno de los mecanismos usados para ocultar el fraude era la manipulación del sistema Minerva, donde se ingresaban o eliminaban boletas para burlar controles.
Más irregularidades: sueldos sin justificación y deuda previsional
La situación financiera de la corporación es aún más crítica: acumula más de $34 mil millones en cotizaciones previsionales impagas, siendo la segunda entidad municipal con la mayor deuda de este tipo en el país.
Responsabilidades políticas y urgencia de cambios
La actual alcaldesa, Daniela Norambuena (RN), enfrenta el desafío de sanear una institución marcada por años de desorden administrativo, pagos duplicados y falta de control interno. Aunque desde enero de 2024 se implementaron nuevos protocolos, en abril de este año aún se detectaron pagos sin respaldo, lo que demuestra que la crisis no ha sido contenida del todo.
Desde la corporación reconocen que más áreas podrían estar comprometidas, como educación y otras unidades administrativas, y que el monto defraudado podría seguir aumentando conforme avancen las auditorías.
