El Juzgado de Letras de la comuna condenó a la Municipalidad de Los Vilos a pagar una indemnización de $140 millones a la profesora Marcela Cortés, quien sufrió graves quemaduras en un accidente por explosión de gas al interior del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas en abril de 2024.
El tribunal determinó que el municipio incumplió su deber de protección al no garantizar condiciones mínimas de seguridad en el recinto educacional, particularmente en el área de gastronomía, donde ocurrió la explosión justo cuando la docente se preparaba para iniciar su jornada de clases.Según el fallo, Cortés realizaba una acción rutinaria —encender la cocina con un fósforo— cuando una acumulación de gas provocó una violenta explosión que destruyó gran parte de la infraestructura y dejó a la profesora con quemaduras severas en manos y rostro, lesiones que han requerido múltiples intervenciones quirúrgicas, injertos, tratamientos especializados y un largo proceso de rehabilitación física y emocional.
Advertencias ignoradas y falta de mantenimientoLa resolución judicial subraya que el accidente era evitable. Profesionales del liceo habían advertido por escrito al municipio sobre el estado deficiente del área de gastronomía al inicio del año escolar, sin que se adoptaran medidas concretas.Además, el fallo destaca un informe de la Superintendencia de Educación de 2022 que ya había señalado que las instalaciones no contaban con la certificación de seguridad (“sello verde”) en el sistema de gas, afectando la cocina, el taller de gastronomía y las duchas del recinto.> “La demandada no abordó de forma adecuada u oportuna las deficiencias estructurales y del sistema de gas del establecimiento, pese a que el riesgo era conocido”, establece el juez Gonzalo Martínez en la sentencia.
El tribunal también puso énfasis en que el establecimiento alberga diariamente a más de 600 personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, lo que hacía aún más urgente resolver las falencias detectadas.Consecuencias irreversibles para la profesoraEl documento judicial detalla que Marcela Cortés enfrenta un cambio drástico en su vida: no puede acercarse a fuentes de calor, debe usar medicación y cremas especiales constantemente y está actualmente inhabilitada para ejercer como docente.Con una trayectoria de casi 29 años en el mismo establecimiento, la profesora ha visto truncada su carrera producto de un accidente laboral que pudo evitarse con una gestión adecuada.
La indemnización ordenada por el tribunal deberá ser reajustada según el IPC, y la municipalidad también fue condenada al pago de $1.500.000 por concepto de costas judiciales.Contexto regionalEste caso se suma a una serie de denuncias y fiscalizaciones en la Región de Coquimbo respecto a condiciones de infraestructura en establecimientos educacionales. En los últimos años, la Superintendencia de Educación ha emitido múltiples informes alertando sobre fugas de gas, instalaciones eléctricas deficientes y falta de mantención estructural, especialmente en comunas rurales.
Diversas organizaciones docentes han insistido en la necesidad de que los municipios inviertan en seguridad escolar y cumplan con estándares técnicos para proteger tanto a trabajadores como a estudiantes.
