La mañana de hoy en Coquimbo fue escenario de un operativo municipal que ha desatado una intensa controversia. Equipos de la casa consistorial intervinieron en el pasaje adyacente al Banco Estado en calle Melgarejo, conocido por albergar los “puestos verdes”, generando acusaciones de desalojo ilegal por parte de los afectados.
La Versión Municipal: Recuperación y Seguridad
La Municipalidad de Coquimbo, a través de un comunicado, explicó que la acción se enmarca en el “plan de recuperación de espacios públicos” impulsado por la administración del alcalde Ali Manouchehri. El objetivo era despejar el pasaje Lastra , que estaba siendo utilizado por “comercio irregular” sin autorización ni pago de permisos.
Según la municipalidad, este pasaje es una crucial “vía de evacuación ante emergencias”, y su despeje era necesario por motivos de seguridad. Juan Diego García, director de Seguridad Pública, supervisó las labores, explicando: “Estamos recuperando los espacios públicos, así como lo ha mandatado nuestro alcalde Ali Manouchehri… estos locales comerciales se encuentran sin ningún tipo de patente, no tienen permiso ni para el uso de suelo ni para ejercer ninguna actividad comercial”. García añadió que los comerciantes fueron “notificados en reiteradas ocasiones” y que “hicieron caso omiso a estos llamados” para que desocuparan voluntariamente.
La acción fue ejecutada por personal de la Dirección de Aseo y Ornato, apoyado por Alumbrado Público y Seguridad Pública. La municipalidad sostiene que estas medidas son parte del plan Coquimbo al 2030, que busca mejorar y revitalizar el centro de la ciudad.
La denuncia del abogado: Desalojo arbitrario y ilegal
Por su parte, el abogado Jonathan Valencia Calderón, representante legal de los locatarios de los “puestos verdes”, ha calificado la actuación municipal como “totalmente arbitraria y contraria a derecho”. Según Valencia, el ingreso a las 8:00 AM fue “ilegal” y “doloso”, constituyendo un “acto que transgrede las garantías constitucionales” y ocasionó “graves daños a propiedad privada”.
Valencia Calderón reveló que su estudio jurídico había presentado previamente un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, bajo la Causa Libro: Protección – 878 – 2025, con fecha del 26 de mayo de 2025. Este recurso, que se encuentra “vigente” y en estado “Informe”, había llevado al municipio a solicitar una prórroga para presentar sus antecedentes. El abogado enfatiza que el desalojo se realizó precisamente “en ese intertanto”, lo que agrava la acusación de arbitrariedad.
El letrado expresó el “afecto” de su estudio jurídico por el actuar de la Municipalidad de Coquimbo. Valencia Calderón añadió que, durante la confrontación en el sitio, una abogada municipal les habría indicado que “saben que están actuando de manera ilegal, pero que asumen las consecuencias”.
La situación deja a los locatarios en una posición vulnerable, a la espera de la resolución judicial de un recurso que, según su abogado, ha sido ignorado por la acción municipal.
Mientras el municipio celebra la “recuperación” de una vía vital para la seguridad y la enmarca en el plan “Coquimbo al 2030”, que contempla mejoras en el centro, los locatarios de los puestos verdes y su representación legal enfrentan la cruda realidad del desalojo, sintiéndose vulnerados en sus garantías constitucionales. El caso, con un recurso pendiente en la Corte de Apelaciones, promete nuevos capítulos en una disputa que pone en jaque el equilibrio entre la autoridad municipal y los derechos de los locatarios.
