La Serena vive uno de los momentos más oscuros de su administración pública. A la ya conocida crisis financiera que arrastra la Corporación Municipal Gabriel González Videla (GGV), se suma ahora un nuevo escándalo: más de 300 personas habrían usado licencias médicas de manera irregular, en algunos casos incluso para viajar al extranjero.
La situación, revelada por la Contraloría y confirmada por la propia alcaldesa Daniela Norambuena, ha encendido las alarmas a nivel local y nacional.Según los datos entregados por el ente fiscalizador, entre 2023 y 2024 se emitieron al menos 772 licencias médicas fraudulentas por funcionarios públicos en la región de Coquimbo. De estas, 223 corresponden a trabajadores de la Corporación GGV, la cifra más alta de toda la región.
El patrón es preocupante: trabajadores que, estando supuestamente incapacitados, salieron del país o simplemente no cumplían funciones, en muchos casos por períodos prolongados.La alcaldesa Norambuena no ha dudado en calificar el hecho como un abuso inaceptable y una señal más de la descomposición institucional que arrastra la corporación. “No se trata solo de licencias médicas. Es una muestra más de cómo esta estructura se convirtió en una maquinaria sin control, donde el abuso se normalizó”, señaló tajante.
Ya ha presentado querellas por fraude al fisco y anunció que evaluará todas las vías legales para eliminar definitivamente la corporación.El daño no es solo económico. Mientras se pierden millones de pesos en licencias injustificadas, los consultorios sufren por falta de insumos, los colegios carecen de personal, y miles de usuarios —pacientes, estudiantes y sus familias— enfrentan un sistema que ya no funciona. La confianza en las instituciones se ha debilitado y la sensación de impunidad enciende la indignación ciudadana.La situación de la Corporación GGV ya era crítica: una deuda que supera los 50 mil millones de pesos, irregularidades en la contratación de personal, y pagos a funcionarios que nunca prestaron servicios.
Ahora, este nuevo caso expone una cultura interna de silencio y complicidad, donde el control falló y la responsabilidad se diluyó.La pregunta que queda en el aire es si este será el último capítulo de una corporación que parece estar llegando a su fin, o solo uno más en una historia larga de descomposición institucional. Lo cierto es que, con más de 300 licencias bajo sospecha, la Corporación Gabriel González Videla ya no solo necesita una reestructuración: necesita una cirugía mayor.
