La parlamentaria Nathalie Castillo presentará un requerimiento formal a la
Contraloría General de la República (CGR) para recabar información detallada sobre el
funcionamiento del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia
(exSENAME) y del Programa de Familia de Acogida Especializada (FAE) en la región de
Coquimbo.
El pedido se centra específicamente en los antecedentes aportados por familias usuarias del
FAE, programa actualmente administrado por la Corporación Acogida –organismo sin fines
de lucro que opera en las comunas de La Serena y Coquimbo–.
La solicitud incluye además un pronunciamiento formal de la CGR sobre los procesos de
licitación y contratación establecidos entre el Servicio de Protección y dicha corporación, así
como con otros Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs).
Para la parlamentaria Castillo, la fiscalización es clave para garantizar que los recursos
públicos destinados a la niñez se utilicen de manera transparente y eficiente.
“Las instituciones que reciben subvención del Estado deben operar con la debida supervisión.
Por ello ingresamos esta solicitud para que el órgano contralor determine si existe o no
irregularidades. De existir fallas, relevaría las consecuencias que implica delegar estas
responsabilidades a privados, muy propio de un Estado subsidiario como el chileno”,
complementó.
Esto responde a denuncias a nivel nacional sobre mal uso de subvenciones estatales por
parte de algunas instituciones, donde se habrían detectado conflictos de interés vinculados a
relaciones familiares entre trabajadores de ONGs y empresas proveedoras de bienes y
servicios.
La iniciativa se enmarca en el seguimiento que realiza la diputada Castillo a la
implementación del servicio “Mejor Niñez”, tras haber impulsado previamente una Sesión
Especial en la Cámara Baja para evaluar su aplicación a 4 años de su puesta en marcha. La
presentación a Contraloría contará con el respaldo transversal de las diputadas Marisela
Santibáñez, Pamela Jiles y Lorena Pizarro.
