A un mes de su lanzamiento, ACADES anunció que ya está operando el Comité Legal, que reúne abogados representantes de las empresas asociadas con el fin de evaluar la normativa actual y presentar un marco regulatorio que promueva la inversión en desalinización con el debido resguardo al medio ambiente y a las comunidades.
Santiago, 31 de agosto de 2021. La Asociación Chilena de Desalinización (ACADES) anunció la creación de un Comité Legal, con el fin de estudiar la normativa actual relacionada a recursos hídricos y desalinización y de proponer un marco regulatorio para la industria que permita favorecer las inversiones a través de reglas claras y promueva la inversión e impulse el desarrollo sostenible de la industria de la desalinización en nuestro país.
El Comité está integrado por abogados internos y externos de los distintos actores que hoy participan de esta asociación. Está compuesto por Daniel Loyola, abogado de AES Andes; María Isabel Villagrán, Compliance Officer Black & Veatch Chile; Nicolás Sepúlveda, abogado de Acciona Chile; María Angélica Rivera, directora jurídica en Suez Chile; Sebastián Pérez-Cotapos Ovalle y Santiago Montt Rodríguez, representantes de Idom; Cristián Mosquera, de Almar; José Antonio Velasco, representante de Oceanus; Francisco de la Barra y Pedro Pablo Ballivian, abogados de Barros & Errázuriz; Julio Reyes y Mario Calderón, de Aguas Nuevas.
En un contexto de alto estrés hídrico en nuestro país, el desafío del Comité es elaborar una propuesta de marco regulatorio para impulsar la desalinización como una solución efectiva, sustentable y accesible para asegurar el abastecimiento de agua para todas las actividades y las personas en Chile.
Para ello, se requiere avanzar, con sentido de urgencia, en las bases que permitan desarrollar la desalinización de manera sustentable, ya que existe un vacío importante en marco regulatorio e institucional para que esta industria despliegue su potencial, que se agilicen las inversiones y que se promueva el uso de la desalinización en distintos sectores.
Entre las prioridades destaca la necesidad de aportar certeza jurídica en materia de uso y goce del agua desalinizada; perfeccionar el sistema de otorgamiento de concesiones marítimas; entregar títulos jurídicos que permitan la imposición de servidumbres para la construcción de acueductos; definir un sistema de permisos que diferencie proyectos de gran y pequeña escala y determinar un rol estratégico del Estado en la planificación, coordinación y promoción de la industria desalinizadora, permitiendo la participación privada, pública y de asociaciones mixtas.
