La orden fue emanada desde el Tribunal de Letras de Illapel el pasado 5 de junio. Sin embargo, el jefe comunal a través del Departamento Jurídico del Municipio apeló a la resolución ante la Corte de Apelaciones de La Serena, a fin de evitar su detención, en tanto se “negocia” con la empresa Puerto Príncipal, ejecutora de la instalación de iluminación de la remodelada Avenida Infante, parte de la deuda que la entidad edilicia aún no cancela.
Si bien la deuda se arrastra de la administración anterior a cargo del ex alcalde, Gerardo Rojas Escudero, lo concreto es que a la fecha aún no se ha efectuado el total del pago, lo que motivó a la empresa constructora Puerto Principal, a cargo de los trabajos de soterramiento para el alumbrado público de la Avenida Infante, presentar una demanda contra el municipio de Salamanca.
Cabe señalar que se trata de dineros que bordean los 5 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil millones fueron donados a través del convenio vial que Minera Los Pelambres sostiene con la Municipalidad de Salamana. De éstos, 1.100 millones corresponderían a la deuda con la empresa constructora la cual habría recibido parte de un primer pago en la administración del ex alcalde Gerardo Rojas, quedando una diferencia bajo la nueva administración del actual alcalde Fernando Gallardo Pereira, la que a la fecha no ha sido cancelada.
De hecho, esta situación motivó una investigación de la Contraloría de la República el año 2016 que esta aún en curso (Foja 955) y que busca determinar el destino total de estos recursos.
Lo anterior, motivó que la empresa Constructora Puerto Principal estableciera una demanda contra la Municipalidad de Salamanca por incumplimiento de contrato, la que fue presentada el Juzgado Letras de Illapel, el que determinó finalmente, atendiendo los hechos, la dictación de una orden de arresto contra el alcalde Fernando Gallardo Pereira, emanada el pasado 5 de junio del presente año 2019.
Sin embargo, el edil a través del Departamento Jurídico del Municipio, habría presentado un recurso ante la Cote de Apelaciones de La Serena a fin de evitar su detención mientras se “negocia” al mismo tiempo con la empresa un sistema de pago diferido, puesto que el Municipio no contaría con los recursos para la cancelación de la deuda de inmediato.
