HUENTELAUQUÉN/CANELA.- Una jornada de manifestación se vivió esta semana en el frontis del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos. Hasta el lugar llegaron los pescadores artesanales de la Caleta Puerto Manso —ubicada en la comuna de Canela, sector Huentelauquén Norte— para solidarizar con dos de sus compañeros que enfrentan una querella criminal interpuesta por la Inmobiliaria Agua Dulce S.A.
La empresa acusa el delito de usurpación no violenta (artículo 458 del Código Penal), alegando la ocupación ilegal de terrenos. Sin embargo, el gremio defiende su permanencia histórica en el lugar, anterior a la llegada del proyecto inmobiliario.
Una demanda contra toda la caleta
Para los dirigentes, la acción judicial contra dos personas es, en realidad, un ataque a la comunidad completa. Magda Valencia, presidenta del sindicato, fue enfática al señalar: “Bueno, cuando digo fuimos demandados es porque la demanda no solo afecta a dos de nuestros compañeros, sino que afecta a la caleta en sí”.
La dirigenta explicó que la movilización busca visibilizar su lucha territorial: “llegamos a pagar hasta los vilos para movilizarnos para para mostrar que la caleta si existe y resiste y que llevamos años en esta situación de lucha de lucha por nuestro libre acceso”.
El conflicto del acceso y la “hostilidad”
Uno de los puntos críticos es el ingreso a la zona de pesca. Valencia recordó que poseen documentación que avala su derecho de paso: “Bueno, en relación al tema del camino, nosotros contamos con un decreto, una resolución del año 1985, donde ahí se establece un camino de acceso a la caleta de pescadores para los pescadores”.
Por su parte, Iván Riquelme, dirigente del sindicato, denunció una estrategia sistemática de la empresa para erradicarlos. Según sus palabras, “desde que se construyó en el lugar han mantenido una actitud hostil de perjuicio y daño para la caleta lo que limita su crecimiento y desarrollo”.
Riquelme calificó la querella como un golpe duro para la comunidad: “y esta última acción de ellos es como una estocada… potente hacia las personas, ya no es como hacia la caleta, sino que en desmedro de las personas en general”. Agregó además que la intención de la inmobiliaria sería “echarnos a nosotros y que el muelle esté listo”.
Temor a un “segundo Las Tacas”
Jorge Sereño, ex presidente del gremio, comparó la situación con otros conflictos costeros de la región, advirtiendo que la inmobiliaria busca replicar modelos exclusivos: “lo que hicieron en las tacas, correr al pescador, hostigarlo, molestarlo, porque el privado eso es lo que hace, quiere lujos, quiere tener… Nosotros le molestamos el entorno de nosotros los pescadores”.
Sereño también criticó las restricciones que se les imponen: “hay sissac, no puede, más de una velocidad, ellos los querían cerrar con horarios a nosotros”, sentenció.
Audiencia reprogramada y denuncia patrimonial
Damián Céspedes, uno de los pescadores demandados, confirmó que el objetivo legal de la contraparte es sacarlos del lugar. “Bueno, la inmobiliaria nos tiene una demanda a nosotros por un desalojo. En partida dice ahí que es un desalojo total”, explicó.
La audiencia, realizada el miércoles 19 de noviembre, fijó una nueva fecha para el 5 de febrero de 2026. Céspedes expresó el sentir de sus compañeros: “Así que estamos dolidos, estamos dolidos en realidad aquí con mi colega y ustedes ven aquí a todos los colegas… Más unidos que nunca”.
Finalmente, el pescador más antiguo, Pascual Rojo, sumó un antecedente de carácter patrimonial, denunciando que las obras estarían afectando un sitio sagrado: “Y fuera de eso, quieren construir, antes de bajar a la caleta a Puerto Mazo, hay un cementerio indígena. Ese es el problema que nosotros tenemos que aferrarle”.
Cabe recordar que el Estado, a través del Gobierno Regional, invirtió en infraestructura en la caleta a partir del año 2018, validando la actividad productiva que hoy se ve amenazada.
